Que el Ministerio de Energía y Minas anuncie que habrá una nueva licitación para la operación del OCP preocupa a la Asociación Nacional de Trabajadores de las empresas de energía y petróleo, que antes ya se había pronunciado a favor de la reversión del oleoducto al Estado.
Ahora este gremio alega falta de transparencia y posibles irregularidades en la gestión de ese contrato, pues, si el documento original no permitía prórrogas, como lo indica esta cartera de Estado, “¿por qué se extendió casi un año más de lo previsto, hasta noviembre de 2024?”.
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Ante ello, piden explicaciones sobre el supuesto lucro cesante generado por esta extensión del contrato. Y sobre una nueva licitación hacen referencia a que “la Constitución y las leyes ecuatorianas establecen que las delegaciones a privados deben ser de carácter excepcional”. “¿Cuál es la justificación técnica y económica para someter a licitación un bien que representa un ahorro de $ 125 millones anuales para el Estado si se mantiene bajo control estatal? La reversión inmediata del oleoducto, como correspondía por ley y en conformidad con el contrato, debió haberse concretado en enero de este año. Es inaceptable que ahora se plantee una alternativa que podría beneficiar a intereses particulares en detrimento del Ecuador”, exponen.
Su postura la difundieron en un comunicado público luego del anuncio que hizo el Ministerio de Energía este mismo lunes, 28 de octubre del 2024.
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La asociación de trabajadores pide a la Contraloría General del Estado que investigue este caso y determine las responsabilidades y sanciones por el supuesto perjuicio económico ocasionado. (I)