Negociaciones con Claro y Movistar se extienden por 30 días más

A inicios de septiembre debía finalizar la negociación de la renovación de los títulos habilitantes del servicio móvil avanzado (SMA) de las empresas telefónicas Conecel (Claro) y Otecel (Movistar); sin embargo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) autorizó una ampliación de 30 días adicionales, con lo cual los diálogos terminarían en octubre.

Las mesas de diálogo entre el Estado y representantes de las compañías se retomaron el 6 de junio de 2024, tras una suspensión en 2023. El 17 de mayo del presente año, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, aseveró que el proceso debía completarse hasta septiembre y que las negociaciones presentaban un avance del 85 %, aproximadamente.

No obstante, a mediados de agosto las dos operadoras solicitaron a la Arcotel extender el plazo, que culminaba en septiembre. Movistar dirigió el 15 de agosto un pedido para “ampliar el término la ejecución de las reuniones de trabajo dentro del proceso de negociación de la renovación del contrato de concesión”.

Claro, por su parte, el 20 de agosto indicó a la entidad que, de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, la Agencia “debe tomar todas las medidas que garanticen la continuidad del servicio mientras no se emita una decisión dentro del proceso de renovación, incluyendo la necesidad de que los términos no fenezcan sin que se cumplan los objetivos de cada etapa en el proceso de renovación”.

Con ello, el 21 de agosto el director ejecutivo de la Arcotel, Jorge Hoyos, firmó la resolución que aprobó ampliar por 30 días adicionales el plazo de dos años correspondientes al proceso de negociación de la renovación de contratos, y autorizó extender también por 30 días más el término de 120 días que se dio para las reuniones de trabajo de las negociaciones.

Las negociaciones se han visto interrumpidas por varias ocasiones. Los contratos de concesión del espectro radioeléctrico se firmaron en 2008 para un periodo de quince años, que venció en 2023. En diciembre de 2021, la Arcotel dispuso que se lleve adelante la negociación con las telefónicas, en un proceso que debía concluir en máximo dos años; pero, al no concretarse, se dieron prórrogas a las conversaciones y a los contratos para no perjudicar el servicio a los usuarios.

Ante la nueva ampliación de plazos, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi) envió un oficio al presidente de la República, Daniel Noboa, el 12 de septiembre, solicitando que en estos 30 días adicionales ya se firmen los contratos de concesión, “en términos que sean beneficiosos para el país”. Y que se informe sobre los resultados de las negociaciones.

Algunos de los miembros del gremio integran la veeduría ciudadana que sigue de cerca el diálogo entre el Estado y las compañías telefónicas.

En el texto que el Colegio remitió al mandatario, al que tuvo acceso este Diario, se recoge que “causa preocupación” que el proceso de renovación no concluya. “La incertidumbre y falta de claridad en este proceso compromete la normal disponibilidad del servicio SMA a la ciudadanía”, apunta el documento, y se añade que la dilatación de las negociaciones “ha originado una suspensión en las inversiones que las operadoras móviles realizan en el país, afectando el desarrollo de las telecomunicaciones, tomando en cuenta además el debilitamiento de la operadora estatal CNT EP”.

El Colegio resalta que las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones “tienen un impacto positivo”, que los beneficios aumentan según el nivel de inversión e incrementan su utilización con nuevos servicios y tecnologías.

Del total de 18′181.062 líneas activas de SMA que existen en Ecuador —que comprende servicio de telefonía, internet y datos—, la operadora Claro registra 9′626.496 líneas activas y Movistar 5′210.331, según datos de la Arcotel a julio de 2024.

El pasado 6 de junio, cuando se retomaban las mesas de trabajo, el ministro César Martín dijo en una entrevista en Teleamazonas que dentro de las negociaciones se discutirían las cláusulas de renovación de los contratos, las obligaciones de la operadoras, el valor y formas de pago del espectro radioeléctrico, entre otros temas.

Martín explicó que la intención es que las compañías no solo ofrezcan recursos económicos, sino también el desarrollo tecnológico del servicio.

En ese sentido, dijo que uno de los temas fundamentales de discusión sería abandonar definitivamente las tecnologías 2G y 3G para migrar, “como punto de partida”, al 4G para posteriormente llegar al 5G. Precisó que los contratos serían renovados por quince años más, y lo que se buscaría en las negociaciones es establecer que en los primeros cinco años de vigencia de los contratos las operadoras ejecuten inversiones en infraestructura.

Para el presupuesto general del Estado (PGE) de 2024, el Gobierno calculó recibir $ 410 millones por la negociación con Claro y Movistar.

EL UNIVERSO solicitó al Ministerio de Telecomunicaciones un pronunciamiento de la última ampliación de plazos autorizada por la Arcotel; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta. (I)