Finanzas confirmó que no ha desvinculado a servidores por el pago con bonos del Estado en el caso Palo Santo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó este martes, 21 de mayo, que hasta el momento no se ha desvinculado a ningún funcionario por el caso Palo Santo, que tiene que ver con el pago de $ 22,2 millones con bonos del Estado que se hizo en diciembre de 2023 a los hermanos Bucaram Aivas , por una sentencia que ya fue anulada por la Corte Constitucional.La institución precisó a este Diario que la situación sigue en análisis. La aclaración de Finanzas contradice lo dicho un día antes por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien en una rueda de prensa, la tarde del lunes, afirmó que varios funcionarios habían sido removimos de sus cargos; uno de los servidores separados sería una subsecretaria.Torres dijo que no tenía detalles de lo que está haciendo el ministerio para recuperar los bonos -dado que es un mandato de la Corte Constitucional-. Pero aseguró que “los funcionarios involucrados han salido y que se están haciendo todos los esfuerzos jurídicos, en este caso, para cumplir con la disposición de los jueces (constitucionales)”. “Entiendo que salió la subsecretaria”, expresó el viceministro. Y al ser consultado si era Olga Núñez, respondió: “Así es, y otros más; no tengo ahorita el detalle”, dijo el lunes.Sin embargo, el martes Torres rectificó y dijo a Teleamazonas que todavía no se ha desvinculado a ningún servidor. Que el anuncio que dio en la rueda de prensa “ fue hecho con mala información”. Olga Núñez es subsecretaria de Presupuesto del MEF y es madre de Mauricio Zurita Núñez, gerente de Vector Global WMG, la casa de valores donde José Fernando Bucaram Aivas, apoderado de sus hermanos Carlos Elías y Juan Xavier, recibió los bonos de deuda interna emitidos por el Ministerio de Finanzas para el pago de la sentencia del caso Palo Santo.El MEF aclaró que “no escoge la casa de valores en donde se realizan transacciones con bonos del Estado, esto es potestad de cada beneficiario”. Además, la entidad puntualizó que no fue parte procesal del litigio.El caso en cuestión se origina por una demanda de habeas data que interpuso en 2021 José Fernando Bucaram Aivas, en representación de sus hermanos, en contra del Ministerio de Agricultura y la Procuraduría General del Estado (PGE), para reclamar la propiedad de unas tierras en la isla Palo Santo, en Guayas, que pertenecían a su padre, pero que en 1985 dicha propiedad le fue eliminada.Un juez de la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos) falló a favor de Bucaram Aivas a los dos meses de que se presentó la demanda. Las entidades públicas apelaron ante la Corte de Justicia de Los Ríos, pero dos jueces negaron la apelación y ordenaron, por pedido de los accionantes, el pago de una indemnización que se valoró en $ 22,2 millones. En septiembre de 2023 el Ministerio de Agricultura solicitó al MEF que se asignen recursos para cumplir con el pago de la sentencia judicial emitida por jueces de Los Ríos. Al no disponer de liquidez en la caja fiscal, Finanzas dispuso que el pago sea con bonos de deuda interna. La entrega de títulos valores se dio a partir de un convenio de dación de pago suscrito el 22 de diciembre de 2023 entre el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, y José Fernando Bucaram Aivas, en calidad de apoderado de sus hermanos Carlos Elías y Juan Xavier.En el convenio, el Estado se comprometió a cancelar la indemnización mediante la entrega en dación de pago de dos bonos del Estado de deuda interna, hasta el 27 de diciembre de 2023, por un total de $ 22′242.251,20. Los títulos estuvieron valorados en $ 21′793.236,54 y $ 49.014,66, respectivamente. Los hermanos no se quedaron los papeles, sino que al poco tiempo los vendieron a terceros a través del mercado bursátil.En tanto, inconformes con las sentencias, el Ministerio de Agricultura y la Procuraduría plantearon una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) , y más adelante se sumaron diez empresas camaroneras que están localizadas en los terrenos en disputa.La CC emitió su dictamen el 18 de abril de 2024, aceptó la acción extraordinaria de protección. Dejó sin efecto las sentencias al concluir que los jueces “desnaturalizaron” el propósito del recurso de habeas data. El organismo ordenó al Ministerio de Finanzas, en coordinación con el MAG y el Banco Central, recuperar los bonos entregados. Adicionalmente, la Corte declaró que los dos jueces de la Corte de Los Ríos incurrieron en error inexcusable . Y solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación por presunto prevaricato contra los jueces provinciales y el juez de la Unidad Judicial de Quevedo.Finanzas anotó seis resoluciones y acciones adoptadas con miras a recuperar los bonos entregados a los hermanos Bucaram Aivas. Se ha coordinado con el MAG. Con el Banco Central se trabajó en la inmovilización temporal de los títulos hasta que se resuelvan los recursos de aclaración presentados por Procuraduría y el MAG ante la Corte Constitucional, sobre el procedimiento a seguir en la recuperación definitiva de los valores.Tras constatar que la titularidad de los bonos está en manos de terceros ajenos al caso, el BCE desbloqueó los bonos. El MEF reiteró que cumplirá con el dictamen de la Corte Constitucional. Y que continuará coordinando con el MAG y el BCE. “ Es obligación de cada funcionario alertar y poner en conocimiento de la autoridad un posible conflicto de interés . Respecto del caso puntual, se han requerido informes a fin de adoptar las acciones que correspondan”, explicó la Cartera de Estado. (I)

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