Lejos de generar alivio, la renuncia del viceministro de Minas, Xavier Subía, quien dejó el cargo luego de decir que el Gobierno no descartaba la explotación del proyecto Loma Larga, no fue percibida por líderes sociales y autoridades locales de Azuay como una señal de que el Gobierno mantiene su postura de “no ir más” con el desarrollo de la mina.
Sectores de oposición advierten con repetir la marcha denominada 'el quinto río de Cuenca’, que se realizó el pasado 16 de septiembre, con el fin de presionar al régimen para que revoque definitivamente la concesión a la empresa DPM Ecuador. Además se estudian otras acciones de índole legal.
Con base en estudios técnicos de la empresa municipal Etapa, las agrupaciones sociales y académicas que rechazan el avance de Loma Larga alegan que la explotación de minerales pondrá en riesgo a las fuentes hídricas del páramo de Quimsacocha, ubicado a unos 35 km al sur de Cuenca.
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Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido. En octubre el Gobierno revocó la licencia ambiental, sustentado en los informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, instituciones competentes en la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente.
La renuncia del ahora exfuncionario fue confirmada el martes 16 de diciembre por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien informó que el Viceministerio de Minas está en reestructuración de su personal y reiteró que “el Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga”. “Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento”, escribió la ministra, aludiendo a las palabras expresadas por el presidente Daniel Noboa, en septiembre, respecto de que su administración no seguirá con el proyecto.
Xavier Subía dejó el cargo en medio de una polémica provocada a partir de su participación en un encuentro minero, en Quito, realizado el 11 de diciembre, donde expuso cifras de las estimaciones de exportaciones mineras para los siguientes años; en una de las láminas apareció Loma Larga como uno de los proyectos que exportarían en el año 2027.
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Posterior a su exposición, Subía brindó declaraciones a la prensa señalando que en las proyecciones del Gobierno “siempre estuvo” Loma Larga y no han cambiado.
El entonces viceministro no descartó que el proyecto minero supere las controversias con las autoridades locales de Cuenca y Azuay, por el tema ambiental, se levante la suspensión en la que se encuentra y avance hacia la etapa de explotación de minerales.
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Las expresiones de Subía resonaron y causaron molestia en organizaciones sociales, así como en el alcalde de Cuenca, Cristian Zurita, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, que advierten con emprender nuevas acciones y hasta movilizaciones para presionar por el fin de la concesión de Loma Larga.
Gobierno no descarta el desarrollo de la mina Loma Larga
Kléver Calle, integrante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, destacó la necesidad de cancelar el proyecto Loma Larga tras la revocatoria de su licencia ambiental.
Exigió un compromiso del Gobierno basado en el resultado de la consulta popular de 2021, realizada en Cuenca, en la cual la mayoría de los votantes se pronunció a favor de prohibir la explotación minera metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay.
Calle señaló que la salida del ahora exviceministro de Minas no es una garantía de que el Gobierno realmente dejará de lado el proyecto Loma Larga, ya que han existido “contradicciones” en declaraciones y acciones de las autoridades.
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Desde el Cabildo se ha cuestionado que la revocatoria de la licencia ambiental “incumple una serie de preceptos legales”, que dan a la compañía minera la oportunidad de impugnar la medida o incluso presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano en una corte internacional.
Por ello, desde el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca se analizan estrategias legales frente a la forma en la que el Gobierno sustentó y promulgó el retiro de la licencia ambiental.
“No es suficiente la revocatoria de la licencia ambiental, que primero tiene que corregirse. Tenemos que ir hacia la cancelación del proyecto minero”, enfatizó Calle y mencionó que, además, el reciente estudio de factibilidad de Loma Larga, emitido por la empresa DPM Ecuador, recoge que “el proyecto tiene un alto riesgo” por la oposición social en Azuay.
Situación de Loma Larga ‘podría sentar un precedente negativo’, observan en la industria minera
Desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA Azuay), dos de sus dirigentes, Lauro Sigcha y Yaku Pérez, comentaron que las declaraciones del exviceministro de Minas revelan las verdaderas intenciones del Ejecutivo.
Para Sigcha, el Gobierno “solo hizo una pausa” sobre el tema de Loma Larga debido a la consulta popular de noviembre, y ante el rechazo creciente en Azuay se anunció la revocatoria de la licencia ambiental.
“Con la renuncia (de Xavier Subía) nada más buscan disimular. Mientras no haya la decisión de cerrar ese proyecto definitivamente, no significa que este proyecto ya no va a darse. Seguramente van a pensar que Cuenca y Azuay con el tiempo van a dejar de defender ese territorio como hasta ahora se lo ha hecho”, dijo Lauro Sigcha, presidente de la FOA.
Ya se analizan acciones legales (dentro y fuera del país), así como otro tipo de medidas se tomarían para volver a protestar contra la minería en Azuay, en general, indicó el presidente de la Federación.
Yaku Pérez añadió que la renuncia del viceministro “no cambia en nada la política extractivista” que lidera el presidente Daniel Noboa. Y que el tema no solamente se trata del caso de la concesión de Loma Larga, sino también de otros lugares.
“La situación en Quinsacocha, si no fuera por la lucha de 31 años, las consultas populares, el quinto río de Cuenca, ya estaría en plena etapa de explotación. La salida del viceministro no da ninguna confianza de que el Gobierno va a cambiar de parecer. Lo que sí nos daría confianza, o tendríamos seguridad, cuando el presidente Noboa revierta o cancele las tres concesiones mineras en Quimsacocha: Río Falso, Cerro Casco y Cristal”, puntualizó.
Por otro lado, Pérez señaló que se va a insistir en el pronunciamiento del juez sobre el cumplimiento de medidas de reparación dispuestas en agosto de 2023, por la Corte Provincial de Justicia del Azuay, cuya sentencia ratificó una decisión de primera instancia que frenó el avance del proyecto Loma Larga hacia la fase de explotación.
Los dos dirigentes de la FAO, junto con otras seis personas, enfrentan un proceso judicial por el presunto delito de daño a bien ajeno, proceso iniciado por la empresa minera DPM Ecuador, luego que un grupo de ciudadanos ingresara en noviembre pasado a las inmediaciones de la concesión para realizar “una minga”.
Pérez y Sigcha consideran que se trata de una represalia por su defensa al agua. Está previsto que la mañana del jueves 18 de diciembre ambos rindan su versión en el marco de este proceso judicial. (I)
