La conciliación de las cuentas de cada uno de los trabajadores y la reclasificación de los funcionarios son algunos de los temas que se abordaron en la primera mesa técnica que se realizó entre los servidores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Gobierno.
En las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas se reunieron las partes involucradas, que buscan mecanismos para que 1.795 trabajadores devuelvan $ 78,9 millones a la empresa pública sin que afecte dramáticamente en los salarios. El plazo para la devolución es de 36 meses, según la sentencia de la Corte Constitucional (CC).
El 8 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que el lunes, 10 de marzo, iniciaba una mesa técnica “para revisar la ampliación de los 36 meses a un periodo mucho mayor y presentarle a la CC el mismo; para concretar un plan de carrera dentro de la institución, conveniencia o no de finalizar tercerización de servicios, y otros”.
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A la salida de la reunión, el gerente de CNEL, Ángel Erazo, indicó que en el diálogo abordaron “el tema de la conciliación de las cuentas de cada uno de los trabajadores, poner el cronograma de cuánto tiempo nos va a costar poder hacer las liquidaciones, la reclasificación de los funcionarios por vulnerabilidad y por diferentes tipos que tengan en la empresa a la verdadera funcionalidad que tiene el cargo el funcionario dentro de la Corporación”.
Por su parte, el secretario general del Comité de Empresa de la CNEL, Richard Gómez, indicó que “que los trabajadores beneficiarios de buena fe recibieron esos beneficios y no tenían por qué descontárselos; esto es inédito lo que ha ocurrido en el Ecuador contra los trabajadores”.
A fines de febrero, según los trabajadores, ya no recibieron el pago de tres beneficios, que empezaron a cobrar desde marzo del 2022: el subsidio de antigüedad, que va en función de los años que tenga cada trabajador; el familiar, que corresponde a $ 14,10 por cada hijo menor de 18 años; y el de comisariato, $ 50. Los empezaron a cobrar a partir de marzo de 2022.
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Gómez indicó que ante esa situación van a acudir al Comité Interamericano de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “para reclamar este derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva que nos fue negada”, y al mismo tiempo agradeció al Gobierno por la apertura de “las puertas para, por ejemplo, entrar a un proceso de clasificación”. (I)
