Los servidores públicos que deben devolver $ 78,9 millones a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), tras una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dejó sin efecto decisiones judiciales que hicieron que reciban beneficios de un contrato colectivo al que no debían acceder, según el fallo, asistirán este lunes, 10 de marzo, en Quito, a una mesa técnica anunciada este sábado, 8 de marzo, por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
En este espacio, explicó la ministra, se tiene previsto revisar la ampliación de los 36 meses (plazo que dio la CC para que CNEL recupere los valores) a un periodo mucho mayor. Los servidores, representados por el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL EP, confirmaron este domingo, 9 de marzo, a este Diario que ya fueron notificados por el Gobierno y que la mesa técnica se desarrollará en el Palacio de Carondelet.
Por su parte, la ministra Manzano señaló que la propuesta que resulte de esta mesa técnica será presentada a la CC “para concretar un plan de carrera dentro de la institución, conveniencia o no de finalizar tercerización de servicios y otros”.
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Este diálogo entre los servidores y el Gobierno se da después de que la Corte Constitucional aceptara parcialmente los pedidos de aclaración y ampliación a la sentencia solicitada por los trabajadores para que se determine un mecanismo para reembolsar el dinero sin que implique descuentos dramáticos en sus remuneraciones, que los dejen sin ingresos.
La Corte determinó que CNEL es responsable de calcular y recuperar los valores establecidos en la sentencia, los cuales son de obligatorio e inmediato cumplimiento para todos los beneficiarios de los fallos dejados sin efecto.
La CC se refirió a las decisiones dictadas el 16 de diciembre de 2021 por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puebloviejo, en la provincia de Los Ríos, y el 14 de diciembre del 2021 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos.
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El organismo estimó que las sentencias anuladas reconocían inconstitucional e ilegalmente el derecho de contratación colectiva a un determinado grupo de servidores públicos de la empresa estatal y, producto de ello, obtuvieron privilegios ilegítimos derivados de un contrato colectivo, que solo debía beneficiar a obreros de CNEL. (I)
