“Encarecerá el costo de las proteínas de origen animal”: proyecto de ley de defensa de los derechos de los animales suma más posturas de rechazo

El proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos suma más posturas de rechazo, mientras se tramita en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.El gremio empresarial e industrial se ha sumado a las críticas a esta normativa. Consideran que “representa un golpe severo a la producción y a la cadena alimentaria” y que “encarecerá el costo de las proteínas de origen animal”.Antes de la primera quincena de junio gremios como la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal); Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) y la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal ya habían expuesto sus críticas a la normativa. Así, por ejemplo, desde Aprobal indicaron que “amenaza al sector productivo de carnes y camarones, así como a muchos de los negocios relacionados con los alimentos que exhiben sus productos”.El proyecto de ley, que fue propuesto por la Defensoría del Pueblo en agosto del 2022 y que ahora es discutida en la mesa legislativa, entre los artículos que ha sido sujeto de críticas es el 35, que -entre las prohibiciones específicas respecto de los animales destinados a consumo y a la industria- se propone que estará prohibido “exhibir las carcasas enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales”.Ahora, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expresó su rechazo al proyecto de ley que lo califica como “contradictorio, perjudicial e inconstitucional”.Mediante un comunicado, emitido el 4 de julio, señaló que “resulta inaceptable que la Defensoría del Pueblo haya presentado” este proyecto, “contradiciendo” a la sentencia de la Corte Constitucional, “que ordenó elaborar una propuesta de forma participativa y pensando en el bienestar animal”, sin embargo, para el gremio “la desatinada iniciativa representa un golpe severo a la producción y a la cadena alimentaria”.Una postura similar tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil, que señaló que “lejos de regular los parámetros recogidos por la Corte Constitucional, contiene disposiciones ambiguas, imprecisas, incumplibles y desproporcionadas”.Para la Cámara de Comercio, si bien los derechos de los animales deben protegerse acorde con su naturaleza, el proyecto de ley adopta una postura extrema que va mucho más allá de lo dispuesto por la Corte Constitucional, que en febrero del 2022, mediante una sentencia, concluyó que los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza y dispuso que la Defensoría del Pueblo, con apoyo de organizaciones técnicas, elabore un proyecto de ley sobre los derechos de los animales.Entre los otros puntos de cuestionamiento, la Cámara de Comercio señaló que la protección desmedida pasará factura a los hogares, ya que al aplicar regulaciones de manera indiscriminada “encarecerá el costo de las proteínas de origen animal”. Citando cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indica que el 12 % de la canasta básica está compuesta por alimentos derivados de animales.Tanto la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador como la Cámara de Comercio de Guayaquil exhortan a la Comisión de Biodiversidad invitar a los diferentes sectores para “enmendar tamaña equivocación” y dar una “urgente transformación” a este proyecto de ley.De acuerdo con la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, la normativa “pone en riesgo miles de empleos y generaría una crisis alimentaria en contra de los ecuatorianos”.El pasado 1 de julio, en la sesión 181, los miembros de la Comisión de Biodiversidad, recibieron y escucharon a varios representantes de varios sectores, que también expusieron sus argumentos respecto a la normativa.Entre los asistentes a la mesa legislativa estuvo la representante del Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, Cristina Alarcón, quien señaló que reconocer los derechos animales en su especificidad es el siguiente paso a lo ya establecido en el artículo 171 de la Constitución.Agregó que “bajo ningún concepto se desea equiparar los derechos humanos con los derechos de los animales, ni restar derechos de titularidad o de propiedad” y añadió que la aprobación de esta ley es crucial para la creación de entornos saludables y sostenibles y que promuevan la responsabilidad ecológica.Contrario al argumento de Alarcón, el representante de la la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Leonel Baquerizo, indicó que “los derechos de los animales, como se plantean en este proyecto atentan contra el derecho a la propiedad y al usufructo humano de los mismos”.Un criterio similar expuso el presidente del Centro Agrícola de Cayambe, Fabián Eguiguren, quien señaló que de aprobarse, la ley causaría un impacto irreversible al aparato productivo nacional, ya que “el 70 % de los productos de consumo de la canasta familiar provienen de actividades que están limitadas en este proyecto”.Tras las comparecencias de ellos y otros representantes, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Guido Vargas, señaló que “esta es la última sesión” que reciben comisiones, por lo cual “se acaba y el equipo técnico, jurídico de la Comisión como también de los legisladores”, a partir de ese día, es decir, del desde el 1 de julio, “se consolide la matriz final para conocimiento y análisis ya del pleno de la Comisión” y votarán el informe.El pasado 12 de junio, en la sesión 177, resolvieron pedir al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, una prórroga de 30 días para presentar el informe para el primer debate en el pleno, lo cual fue aprobada.La moción fue propuesta por el asambleísta Milton Aguas, quien indicó que “es absolutamente falso” que en este tratamiento de ley se discute temas que han generado preocupación para quienes venden pollo y el cuy asado, el chancho, en las carnicerías, en donde también exponen los animales.El asambleísta comentó que en este “proyecto de ley no se trata de eliminar los sectores productivos del país” y que por ello solicitaba 30 días más “para que sea mayormente debatido este proyecto de ley”. (I)

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