Delegados del Gobierno y del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirán mañana a las 10:00 en su primer encuentro oficial para tratar temas sobre la Ley de Defensa de la Dolarización. El objetivo es trabajar, revisar y modificar textos en un plazo de ocho días.

Esta mañana el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo en una entrevista televisiva que los delegados del Ejecutivo provendrán del Ministerio de Economía y Finanzas, de las Superintendencias de Bancos y Economía Popular y Solidaria; de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera y del Banco Central. La idea, dijo Pozo es buscar una salida a la ley, e incluso, probablemente ingresarla y que se vayan trabajando los aspectos técnicos que sean viables de cambiar.

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Las mesas técnicas, según Pozo, se realizan con miras a presentar por tercera vez ante el CAL dicho cuerpo normativo que según explicó busca una autonomía del Banco Central, transparentar las cifras de las Reservas, recomponer los cuatro sistema de dicha institución, e impedir que el banco entregue dinero a los gobiernos de turno, sin cuidar los dineros de terceros, que no son del Estado.

Dijo que justamente se está tratando de conversar para ajustar el tema sobre la autonomía del BCE; también se podría hacer aclaraciones sobre operaciones de redescuento y papales de la banca privada. Sin embargo, dijo que no es susceptible de cambios el tema de la transparencia, los cuatro sistemas, que se acumulen reservas a fin de que se cubran las obligaciones que tiene el BCE con sus depositantes. Aclaró una vez más que el BCE no es un banco comercial que presta dinero, sino uno que administra reservas de terceros: GAD, depósitos de ciudadanía, IESS, entre otros.

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Pozo aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para que la ley se apruebe y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) que espera la aprobación de la ley como parte de los compromisos dentro del acuerdo financiero con el país, conoce de los problemas ocurridos. En teoría, en abril, el FMI debe desembolsar unos $ 450 millones, si el Gobierno cumpliera los compromisos adquiridos.