Las “alertas” que han realizado ciertos sectores de que la recién aprobada Ley de Defensa de la Dolarización perjudicaría a las cooperativas de ahorro y crédito y que incluso muchas de estas desaparecerían son “falsas” y tienen “tinte político”, afirma Édgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).

Lamenta que estos “rumores malintencionados” que circularon antes y durante la última campaña electoral se mantengan y se propaguen por las redes sociales. Indica que todo lo que se especifica en la normativa aprobada por la Asamblea ya venía siendo regulado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y otras leyes.

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La igualdad de facultades de control para la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria; la aplicación de indicadores de suficiencia patrimonial del 9% y del patrimonio técnico del 4% también para cooperativas del segmento 2; así como la obligación de entregar un encaje por parte de las cooperativas al Banco Central del Ecuador fueron los puntos que desataron la polémica sobre la normativa.

Sin embargo, Peñaherrera señala que la ley incorpora requerimientos de solvencia y prudencia financiera con el objeto de precautelar la sostenibilidad, estabilidad y la protección de los depósitos de sus asociados.

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Sobre el sector cooperativo, especifica que actualmente se observa un estancamiento debido a la pandemia y que el índice se morosidad ha subido ligeramente aunque es entendible, ya que “los socios tienen voluntad de pagar, pero no los recursos para hacerlo por todas las medidas (confinamiento) impuestas” para tratar de frenar los contagios. Hasta el pasado marzo, el sector cooperativo registraba $ 14.449 millones en depósitos totales y $ 18.209 millones en activos.

Hay ciertas voces, entre las que están analistas económicos, que afirman que la normativa afectaría al sector cooperativo, en especial a las instituciones más pequeñas, ya que las exigencias establecidas no estarían contextualizadas. ¿Como gremio ustedes analizaron la ley y su impacto?

Claro que sí. Lo que hace la ley es procurar el fortalecimiento institucional, es decir, generar más argumentos financieros regulatorios para que las cooperativas puedan garantizar la seguridad de los depósitos.

Lo que mucha gente se olvida es que la prioridad de la política pública es garantizar la seguridad de los depositantes. Lo que estipula la norma nosotros ya lo teníamos en el Código Monetario, pero estaba de otra manera. Lo de que las cooperativas encajen en el Banco Central también lo estipulaba el Código, pero lo atribuía a la Junta de Política y Regulación Monetaria. Lo que se ha hecho es darle un poco la vuelta a las cosas.

Se afirma que varias cooperativas no “aguantarían” la suficiencia del patrimonial del 9%...

Eso ya estaba regulado. De hecho, para el 2023 todas las cooperativas ya debían tener ese 9% (de forma proporcional), eso se estableció desde 2015. Y es importante la solvencia, ya que hay que tener una forma para garantizar cuando se tiene una corrida de depósitos por alguna razón y esto se debe aplicar en todas las instituciones financieras, incluso en las pequeñas, para cuidar los recursos de los depositantes.

Nosotros no vemos problemas en eso. Lo que nos preocupa es el manejo político que ha habido sobre este tema que pensamos que se iba a quedar con las elecciones, pero que lamentablemente vemos que sigue. Están queriendo alarmar.

¿Cuándo se establece el cierre, fusión o absorción de una cooperativa?

La principal razón de un cierre es que no se administraron adecuadamente los recursos y tienen debilidades financieras que se hacen inviables.

Las fusiones, en cambio, se hacen para dar un mejor servicio financiero, ya que esto depende de los volúmenes. Si no se tienen muchos recursos, no se puede cumplir con expectativas, entonces muchas cooperativas que ya no pueden crecer lo que hacen es fusionarse o ser más fuertes. Esto también pasa en el caso de las absorciones de cooperativas más grandes a las más pequeñas y las instituciones que absorben son las que responden ante los asociados y sus recursos.

Recordemos que seguimos en proceso de depuración y esto va a pasar porque se está poniendo la casa en orden como pasa en otros países. Y se pueden dar cierres, pero no por la regulación sino por los malos manejos que podrían presentarse, aunque estos son casos aislados. Actualmente todas las cooperativas están reguladas por la Superintendencia y están divididas en segmentos para un mejor control.

El sector cooperativo logró superar el 2020 con todos los problemas que ocasionó la pandemia, aunque con un rendimiento conservador; ahora casi llegamos a la mitad del 2021, ¿cuáles son las perspectivas para finalizar este año?

Las cooperativas no han podido crecer al mismo nivel de años prepandemia y esto es lógico, ya que el sector real no se reactiva todavía y si este no se reactiva el sector financiero tampoco. No obstante, sí hay crecimiento en cartera, colocaciones, depósitos. Sabíamos que este año sería complicado, quizá más que el 2020, pero estamos caminando.

Las cooperativas realizaron reprogramaciones de deudas, novaciones de créditos y dieron plazos de gracias a sus asociados por la pandemia. ¿Ya reflejan de forma real la falta de pago?

Todavía no porque en muchos casos las novaciones y reprogramaciones se dieron con meses de gracia y todavía hay ciertas operaciones con plazos de gracias y todavía no sabemos cómo va a cumplir el deudor.

Ahora, sí se ha subido un poquito la mora, eso se está notando porque ya no hay la posibilidad de refinanciar. No es alarmante, pero está incrementando. En diciembre cerramos en algo más del 3%, pero ahora estamos en el 4,7%. Esto era predecible, es explicable y por eso el año anterior, al cierre del ejercicio, se provisionó para poder fortalecerse y soportar estos indicadores.

Y esto no tiene otro culpable que la pandemia. La gente se quedó sin trabajo, quebraron sus negocios. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos que estar encerrados y mucha gente no pudo salir a vender sus productos y ninguna institución financiera puede tratar de ir a cobrar así no más porque el problema existe, es real. No es que no haya voluntad de pago, lo que no hay es capacidad de pago y cuando no hay este factor hay que esperar hasta que haya a través de políticas públicas y la vacunación.

¿Cree que el sector cooperativo retome su crecimiento para 2022?

Creería que en 2022 veremos otro talante de la economía y que empiece a dinamizarse. Los especialistas señalan que a Ecuador le tomará tres años regresar al nivel del 2019. Esperamos que el nuevo Gobierno tenga mejores resultados y que impulse proyectos de emprendimiento, ya que las cooperativas están dispuestas a ayudar a través del crédito. (I)