Este martes 29 de abril, a las 10:00, se reunirá en Quito el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para conocer el proyecto de ley con el que el Ministerio de Trabajo buscará reformar la jubilación patronal por un fondo común, que sea financiado con aportes de empleadores y trabajadores.
Lo que se sabe de la propuesta es que el nuevo modelo aplicaría desde el inicio de la relación laboral, sin importar el tipo de contrato, ni el tiempo que el trabajador permanezca en la empresa.
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Actualmente, el Código del Trabajo dispone que tienen derecho a la jubilación patronal los empleados que han prestados sus servicios a una misma empresa por 25 años, de manera continua o discontinua.
Y tienen derecho a una parte proporcional de la jubilación aquellos trabajadores con 20 años o menos de 25 años de servicios que son despedidos intempestivamente.
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En el Consejo de Trabajo hay consenso entre sindicatos, gremios empresariales y el Gobierno para revisar la jubilación patronal.
Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya ha anticipado su descontento ante la propuesta del Ministerio de Trabajo. El sindicato sostiene que si los trabajadores tienen que aportar, se perdería la figura de la jubilación patronal.
La organización está de acuerdo en crear un fondo, pero su planteamiento es que sea financiado únicamente por los empleadores.
En lo que sí hay acuerdo en el Consejo de Trabajo es que el esquema vigente provoca despidos de trabajadores cuando cumplen 19 años de servicios (o antes), con el fin de evitar el pago de la patronal, puesto que implica un alto pasivo laboral para las compañía.
Aquello genera un problema social y económico para los trabajadores que se quedan sin empleo teniendo más de 50 años de edad o más, por ejemplo, y se enfrentan a un difícil y competitivo mercado laboral en Ecuador, donde apenas 3 de cada 10 trabajadores cuentan con un empleado adecuado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a marzo de 2025, el 35,4 % de trabajadores entre 45 y 64 años poseen un empleo adecuado, en el que perciben ingresos iguales o superiores al salario básico.
Así mismo, el 30,7 % se encuentra en el subempleo. El 36 % está dentro de la categoría de otro empleo no pleno. Y el 13,4 % está en el desempleo.
Respecto de los trabajadores con 65 años y más, las estadísticas reflejan que apenas el 3,3 % tiene empleo adecuado, el 5,1 % es subempleado, el 15,4 % está en otro empleo no pleno. Y el 3,1 % es desempleado.
En febrero de este año la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de Ley contra la discriminación laboral por edad, en el cual se incluyó una disposición que obliga a las empresas con un mínimo de 25 trabajadores que contraten a un trabajador mayor de 40 años.
La medida sería progresiva para que, en el segundo año, la contratación sea de, al menos, el 1 % del total de trabajadores y, así sucesivamente hasta el quinto año en la que la contratación —de personas mayores de 40 años— sea de un 4 %.
Sin embargo, en marzo el presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la norma argumentando que contraviene la seguridad jurídica y pondría en riesgo la contratación de personal. Además, se obligaría a despedir personal que se encuentra laborando para compensar el porcentaje requerido.
La Asamblea aún no ha debatido sobre el veto presidencial a la ley.
Roberto Estrada, director del área de Comportamiento Humano del IDE Bussines School, señala que la creación de nuevas plazas de trabajo requiere inversión, estabilidad política y reglas claras, lo que facilitaría la llegada de empresas y la expansión de las existentes.
Además, enfatiza que los trabajadores deben ser proactivos en su formación y actualización de habilidades, especialmente ante la automatización y cambios tecnológicos.
Sobre la jubilación patronal, el experto comenta que en las empresas la decisión de desvincular a un colaborador es “pragmática” y debe basarse en la evaluación del desempeño y relevancia que tiene el trabajador para la compañía.
“Una persona que vuelve a salir otra vez al mercado laboral, a partir de los 50 o 45 años, si no está actualizada, si no ha visto de qué forma sus conocimientos se han puesto al día, si no se ha desarrollado y ha aprendido cosas que le permitan competir en el mercado laboral, va a estar en serios problemas”, observa Estrada.
Es necesaria una modernización del Código de Trabajo para adaptarlo a nuevas modalidades de empleo, como el trabajo remoto y el uso de tecnología, lo que podría contribuir a sostener la fuerza laboral de trabajadores adultos, menciona el economista Juan Sebastián Naranjo.
Además, apunta Naranjo, el entorno de confianza que genere el país al interior y hacia fuera es fundamental para atraer inversiones que dinamicen la economía y se traduzcan en más empleo.
“El tener leyes que impulsen a la contratación y saber que el Estado va a impulsar la microeconomía, que es que las empresas vendan más y los hogares compren más, es un conjunto de variables que harán que esta economía inclusive crezca más de lo que dicen los multilaterales”, describe el economista.
Édgar Sarango, presidente de la Confederación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), exintegrante del Consejo de Trabajo contó que desde hace tiempo se ha buscado reformar la jubilación patronal por un mejor modelo, pero ha faltado voluntad política, aseguró.
Está de acuerdo en que el mecanismo debe cambiar, por lo que espera que el Ministerio de Trabajo difunda su propuesta para saber si la misma no vulnera derechos de los trabajadores.
“Es cierto que los tiempos han cambiado, la situación es otra, la relación laboral es otra. Pero es necesario que dentro de este marco, en un ámbito general, llegar a un acuerdo con las propuestas que tenemos las organizaciones”, mencionó.
Dijo que se quiere reformar con urgencia el Código de Trabajo de manera integral, incorporando nuevas modalidades de contratación. (I)