A la industria automotriz, que ya viene acumulando caída en sus ventas, le tomó por sorpresa que el Gobierno plantee un nuevo impuesto a los vehículos dentro del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a Través del Combate al Lavado de Activos.
“Poner un impuesto de estas características que, según se lee en el texto, grava la propiedad del vehículo, no grava las transacciones, es casi una segunda matrícula, se tendría un doble impuesto. Este se sumaría al que ya se paga por la tenencia de un vehículo”, indica el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), David Molina.
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Y “no se entiende cómo esto abona a un tema de control de lavado de activos, se ve que es un tema claramente recaudatorio que afectará a todos los vehículos nuevos y usados”, agrega.
El proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Noboa la noche de este jueves, 7 de noviembre, con el carácter de económico urgente, crea un impuesto a los vehículos motorizados destinados al transporte terrestre con la finalidad de formalizar la actividad de compraventa de vehículos.
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En el texto de la iniciativa se señala que esta tiene como finalidad “la prevención, localización y eliminación de la introducción de capital ilícito en la economía nacional, con el fin de mejorar la recaudación tributaria del Estado y afectar a la economía delincuencial”.
Esto, según el proyecto, porque “el sector de comercialización de vehículos es utilizado para comprar vehículos con fondos ilícitos”. Se cita un informe de amenazas regional del Gafilat que determinó que es el tercer sector identificado como vulnerado para el lavado de activos de la región.
El documento expone que el hecho generador del impuesto, es decir, la causa, “consiste en la propiedad del vehículo motorizado destinado al transporte terrestre, ocurrido al 1 de enero de cada ejercicio fiscal”. Pero el Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno determinará los casos en los que no se generará esta obligación tributaria.
Molina manifiesta que esta propuesta no ha sido un tema en los diálogos que han mantenido con el Gobierno en busca de una manera de reorientar al sector para que la industria del ensamblaje retome su crecimiento tras el cierre de la planta de General Motors en el país.
Por ello, la noticia les genera mucha preocupación por el momento que está atravesando la industria. La reducción de ventas está en el orden del 20 % de las ventas y proyectan que 2024 cierre con la venta de 107.000 vehículos, frente a los 131.000 comercializados en 2023.
Y para 2025 también prevén una reducción y que las ventas no lleguen más allá de 96.000 unidades. (I)