La Corporación Nacional del Cobre - Codelco, compañía chilena y principal productora de cobre de mina del mundo, informó este jueves sobre el inicio de una nueva instancia para promover el cumplimiento de los acuerdos suscritos por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros de Quito, la que consiste en un arbitraje de ambas partes ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

La relación de Ecuador y Enami EP con Codelco se remonta a un convenio marco de carácter binacional suscrito entre Chile y Ecuador en 2008 que comprendía actividades en varias áreas de interés, y posteriormente en la firma de múltiples acuerdos entre ambas naciones y sus empresas.

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En 2015 Enami EP y Codelco suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua y en 2016, Codelco notificó a Enami EP el cumplimiento de todos los hitos acordados y, luego de extensas negociaciones, en 2019 ambas empresas acordaron los términos definitivos para la asociación.

Codelco busca mediación a través de Produraduría, sobre acuerdos incumplidos por Enami en Llurimagua

Codelco afirma que hasta ahora “ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas inversiones relevantes, en beneficio del mismo proyecto y de Ecuador”.

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Los acuerdos vigentes establecen que la empresa pueda recurrir a un arbitraje ante la CCI, con sede en París, para la resolución de controversias, por lo que Codelco dice que determinó ejercer su derecho ante dicha instancia en resguardo del proyecto y de las inversiones realizadas.

La empresa chilena espera que el ejercicio de este proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto Llurimagua.

Codelco ha reiterado varias veces que el proyecto minero Llurimagua traería varios beneficios al país en términos económicos y de desarrollo y que en la etapa de construcción se generarían miles de puestos de trabajo directos; proyectos de infraestructura y salud en las comunidades de la zona de influencia en Imbabura y que representaría también el ingreso al país una inversión extranjera directa de varios miles de millones de dólares.

En 2019, la Contraloría General del Estado halló varios incumplimientos en el contrato por parte de ambas empresas. Una de ellas era justamente no haber creado una empresa de economía mixta. Hace un año, ambas empresas acordaron crear más una compañía anónima, pero Ecuador reconoció que no tenía el dinero necesario. (I)