La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, envió un oficio al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, en el que solicita “dejar sin efecto” la resolución 03-2025, del 22 de enero, en la cual, por mayoría del pleno del organismo, se estableció la improcedencia del pago por bonificación por desahucio cuando el trabajador decida terminar su relación laboral por “separación o retiro voluntario”.
Núñez alega que la resolución “se contrapone a principios legales y constitucionales al desmejorar las condiciones y beneficios económicos a favor de los trabajadores”, y que perjudica los derechos laborales.
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La mayoría del pleno de la Corte aprobó la resolución en cuestión al considerar que con el pago de dicha bonificación el trabajador “se estaría beneficiando dos veces”.
El artículo 1 de la resolución en cuestión dice: “El trabajador que haya decidido terminar su relación laboral por separación o retiro voluntario no podrá acogerse a la bonificación por desahucio contemplada en el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo, pues se estaría beneficiando dos veces por la terminación de la relación laboral”.
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Aunque en el artículo no se especifica que el precedente legal compete a trabajadores de la función pública, particularmente de las empresas públicas, en los considerandos de la resolución se menciona que la “separación o retiro voluntario es una institución propia de la LOEP (Ley Orgánica de Empresas Públicas)”, por lo cual se da “el reconocimiento de la bonificación por desahucio como una forma adicional de terminación de la relación laboral”.
En el documento no se menciona la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
La resolución 03-2025 ha provocado confusión e interpretaciones variadas respecto de sus alcances y efectos. Incluso la ministra Núñez dijo a EL UNIVERSO, el pasado 13 de febrero, que lo aprobado por el pleno de la Corte afectaría a trabajadores del sector público y también del privado.
Con ese contexto, la ministra del Trabajo dirigió el oficio al presidente de la Corte el lunes 17 de febrero, en el que pide que se “revea la decisión”.
Fundamentó su pedido en el artículo 229 de la Constitución, que establece que “los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables”, y en el cual se determina que “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”.
Además, Núñez citó que el artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas manda que los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un máximo de 210 salarios, a partir del año 2015, de conformidad con el salario vigente el 1 de enero de 2015.
La ministra Ivonne Núñez argumenta que “el derecho al pago de la bonificación por desahucio es un derecho autónomo que nace del Código del Trabajo y que perdura por sí solo, garantizado por la Constitución de la República en el artículo 326, numeral segundo, como principios laborales (irrenunciables e intangibles)”.
En ese sentido, la funcionaria afirma en el escrito que “la resolución n.° 03-2025 se contrapone a principios legales y constitucionales al desmejorar las condiciones y beneficios económicos a favor de los trabajadores, pues la decisión adoptada impediría el acceso a la bonificación interpretando que existirían dos pagos cuando el trabajador se acoge al retiro voluntario, lo que no es cierto, ya que son conceptos y beneficios económicos diferentes”.
Agrega que “no existe disposición legal que prohíba recibir simultáneamente el beneficio de la bonificación por retiro voluntario y por desahucio”. Y resalta que el texto del artículo 1 de la resolución “es ocurso” y no concuerda con los considerandos que menciona a los obreros de las empresas públicas, lo cual ha generado “confusión en el sector laboral al “no efectuarse una referencia expresa de su ámbito de aplicación”. (I)