La inseguridad y los delitos relacionados con vehículos preocupan a los sectores productivos de comercialización, aseguramiento y financiamiento de automotores que publicaron un comunicado conjunto en el que solicitan la implementación urgente de medidas para enfrentarlos.
Se trata de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) y la Cámara de Empresas de compra programada (Aecop-Corporent), que expusieron las alarmantes cifras de delitos que tienen que ver con vehículos.
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Indicaron que según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y julio de este año se registran 5.900 denuncias por robo de vehículos y 8.822 robos de motocicletas, mientras que en el mismo periodo del 2021 se contabilizaron 3.611 denuncias por robo de vehículos y 4.756 de motos. Citando la misma fuente, Fedeseg informó que en 2022 el robo de vehículos y motocicletas fue de 11.372 y 14.567, respectivamente.
En este contexto, los gremios proponen:
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- Modernizar el registro del parque automotor del país, lo que facilitará el acceso a la información de cada vehículo y su propietario.
- Implementar el proyecto de Identificación Digital Vehicular como una herramienta para el control de los vehículos.
- Mejorar el control para el acceso al registro de traspaso de vehículos para evitar el cambio de propietario sin contar con las garantías que impidan la comercialización o el uso indebido de vehículos robados.
- Establecer nuevos controles de acceso y capacidad de registro de los levantamientos de las garantías que pesan sobre los vehículos.
- Coordinar con la Policía y la Fiscalía las acciones que faciliten la investigación de los delitos asociados con los vehículos.
Los representantes de los gremios, Genaro Baldeón, de Aeade; Patricio Salas, de Fedeseg; Marco Rodríguez, de Asobanca; y Mauricio Peña, de Aecop-Corporent, señalaron que es el momento de que tanto Gobierno nacional y los autónomos descentralizados (GAD) ejecuten acciones y dicten una política pública que permita un manejo más eficiente de los recursos para implementar acciones que limiten la acción delincuencial. (I)