La eliminación de los registros de información histórica crediticia de 1,7 millones de personas que constan en los burós de crédito con deudas vencidas de menos de $ 1.000, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 33 por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se puede ejecutar de manera inmediata. Primero deben cumplirse al menos dos pasos: la conformación de la nueva Junta de Regulación de Política Financiera y que esta a su vez emita las directrices que aclaren una serie de dudas que genera el decreto.