Una de las alternativas que más han sonado para hacer frente a la crisis energética que atraviesa Ecuador es permitir la inversión privada, y hay sectores que en Ecuador tienen buenos resultados a través de las concesiones, según experto.
El país registra apagones desde el pasado 23 de septiembre. Según las autoridades eléctricas, el déficit es de 1.080 megavatios (MW). Una parte de los factores que influyeron para llegar a estas instancias de los cortes de luz a nivel nacional, según el Gobierno, es la falta de inversión en el sector.
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“¿Cuáles son los dos únicos servicios públicos eficientes en este país?”, se pregunta quien fue gerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) de 1972 a 1975, Nicolás Romero Sangster, que al mismo tiempo se responde: “Los aeropuertos de Quito y Guayaquil, que están concesionados a consorcios privados, y el servicio de celulares, que está en manos del sector privado, entre ellos Movistar y Claro”.
“A pesar de que ya deben existir muy pocos teléfonos convencionales en el país, la empresa estatal de telecomunicaciones debe tener el mismo número de empleados, que cada día se fue inflando en los diferentes gobiernos, como toda la asfixiante burocracia que ahoga la economía de Ecuador”, agrega Romero Sangster, quien también fue director ejecutivo de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé).
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Según los datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en 2023, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, Conecel (Claro), registra 3.049 trabajadores; mientras que Otecel (Movistar), 956. En tanto, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) hay 5.829.
CNT, junto con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador, han estado en la mira del Gobierno por sus contratos colectivos, por considerarse que en ellos hay un uso “abusivo” de los recursos del Estado.
En julio pasado, el Ministerio del Trabajo presentó una solicitud de examen especial en la Contraloría General del Estado. (I)