Corte Constitucional falla a favor de CNEL y ordena recuperar millonarios pagos a servidores que no debían beneficiarse de derechos laborales colectivos

La Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) interpuso para impugnar sentencias de primera y segunda instancia que reconocían derechos colectivos a servidores públicos a quienes no les correspondía beneficiarse de un contrato colectivo.Los fallos de instancias previas dieron paso a que la Corporación tenga que pagar más de $ 79 millones a los trabajadores, quienes ahora están obligados a devolver el dinero que han recibido hasta el momento.La sentencia de la Corte Constitucional fue emitida el 14 de febrero. La jueza ponente es Karla Andrade. El dictamen dispone que la CNEL debe recuperar la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios de las sentencias que fueron dejadas sin efecto.La corporación deberá ejecutar, de forma inmediata, todas las acciones administrativas y/o judiciales a su alcance; incluso puede pactar con cada beneficiario la devolución mensual de los rubros que correspondan a través de sus roles de pago y hasta por el plazo máximo de 36 meses, dice la sentencia 1788-24-EP/25.La Corte declaró que los jueces de primera y segunda instancia, en la provincia de Los Ríos, que dictaron los fallos iniciales en contra de la corporación vulneraron el derecho a la seguridad jurídica.Se declaró que los dos jueces de la Corte Provincial de Los Ríos incurrieron en error inexcusable al desnaturalizar la garantía jurisdiccional por haber declarado la titularidad de derechos laborales derivados de un contrato colectivo respecto de servidores públicos administrativos de CNEL.Se notificará al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento que corresponda con los jueces. Además se remitirá el expediente a la Fiscalía para que investigue y determine si existen elementos suficientes para configurar el delito de prevaricato en contra de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos y del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo.También se dispone a la Contraloría iniciar un examen especial, con el fin de determinar las responsabilidades a las que hubiere lugar.El caso se inició en octubre de 2021 con una acción de protección que presentaron Richard Gómez —dirigente sindical de la CUT y actual vocal de los afiliados en el IESS— y Lizette Pinos, en calidad de apoderados judiciales de 1.579 servidores públicos de carrera de la CNEL.En noviembre de ese año, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puebloviejo, en Los Ríos, aceptó la acción y declaró la vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación y a la seguridad jurídica; y ordenó que la CNEL comunique a “todos los peticionarios” que pasarán a gozar de los beneficios del contrato colectivo suscrito con el Comité de Empresa de los Trabajadores y que, en 15 días, se realice la liquidación y pago de “todos los beneficios generados por la contratación colectiva a todos los peticionarios”.La CNEL apeló, pero el recurso fue rechazado en diciembre de 2021 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos.En enero de 2022, la corporación presentó una acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias de primera y segunda instancia; sin embargo, a los pocos días la institución desistió de la acción.La sala provincial ordenó que se remita el expediente completo del proceso a la Corte Constitucional, pero la CNEL insistió en su pedido de desistimiento y solicitó que se revoque la decisión de la sala de enviar el expediente a la CC.La CNEL pidió que se retire la demanda, la sala aceptó y ordenó su archivo. Para marzo de 2022, la entidad informó que se había firmado un acta con el Comité Obrero-Patronal de CNEL, en el cual se arribó a acuerdos para el cumplimiento de la sentencia.En septiembre de 2022, Richard Gómez y Lizette Pinos solicitaron al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (TDCA) que dé inicio al proceso de reparación económica para el cumplimiento de la sentencia.En febrero de 2023, el tribunal aprobó y determinó que el valor que le correspondía pagar a la CNEL era de $ 79,8 millones. Sin embargo, la corporación interpuso un recurso de revocatoria, el cual fue rechazado.En abril de 2023, el juez ordenó a CNEL pagar el monto establecido por el tribunal, en el término de 48 horas, pero la entidad alegó que el pago de las sentencias de primera y segunda instancia era inejecutable, por lo que se debían modular sus efectos y pidió dejar sin efecto el plazo de 48 horas. El requerimiento no fue acogido.Varios acontecimientos hubo después. En julio de 2024, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, pidió a la sala provincial que la notifique con la sentencia de diciembre de 2021 dado que debió ser parte procesal. La sala lo negó y, en respuesta, la ministra pidió la revocatoria del auto, pero esto también fue rechazado.El caso llegó a la Corte Constitucional en agosto de 2024 y recayó en conocimiento de la jueza Karla Andrade.La jueza Andrade concluyó que los jueces, al aceptar la pretensión de la parte accionante, no se limitaron a la mera revisión de si existió una vulneración de sus derechos, sino que otorgaron la titularidad de derechos laborales, lo cual desnaturaliza el objeto de la acción de protección.Esto derivó en que la CNEL deba pagar una millonaria reparación económica y que accedan a los beneficios del contrato colectivo los servidores de carrera, de contratos ocasionales, de servicios profesionales, auditores internos de la Contraloría General del Estado e incluso personas en comisión de servicio.Los jueces permitieron que se beneficien del contrato colectivo servidores públicos administrativos de CNEL, que están sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), cuando el marco legal que rige a las empresas públicas establece que en estas entidades están excluidos de la contratación colectiva los trabajadores que no tengan la calidad de obreros.En ese sentido, la jueza constitucional encontró que se dio paso al cambio de régimen laboral de 1.795 servidores de la CNEL al régimen del Código del Trabajo, lo que “acarrea implicaciones económicas y jurídicas incuantificables” para la entidad.“Las medidas de reparación ordenadas en las sentencias impugnadas y el auto mencionado afectaron y perjudicaron gravemente a la entidad accionante y al Estado”, concluyó la jueza constitucional, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad, con nueve votos a favor.Además de dejar sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, ordenar la recuperación de los valores pagados y que se investigue a los jueces, la sentencia de la Corte Constitucional también dispuso que el Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento que corresponda contra los abogados que patrocinaron la acción de protección inicial, de 2021, “por haber incurrido en abuso del derecho”.Sobre los apoderados judiciales de los servidores públicos, Richard Gómez y Lizette Pinos, la Corte dejó a salvo el derecho de la CNEL para hacer efectiva la responsabilidad civil de ambos. (I)

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