El pedido de examen especial planteado hace casi tres meses por el Ministerio del Trabajo a la Contraloría General del Estado a los contratos colectivos de las empresas públicas sigue su marcha.
Desde esa cartera de Estado indicaron que la Contraloría solicitó la “evidencia documental” de los dictámenes presupuestarios de los contratos colectivos de las cuatro empresas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
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Y el ministerio ya envió lo requerido “indicando que carecen de aquello los contratos colectivos aprobados en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los casos de CNEL y CNT no se evidencia aquello en los expedientes documentales que reposan” en la cartera de Estado.
En ese contexto, se indica que la Contraloría continuará con lo que corresponde en los exámenes especiales solicitados.
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Esos contratos están en la mira del Gobierno, porque se considera que en ellos hay un uso “abusivo” de las finanzas estatales.
Tras la presentación de la solicitud de examen especial el 1 julio pasado, en ese mismo mes, el 11, la Contraloría dispuso que se realicen las verificaciones preliminares.
Los dirigentes de los comités de empresa de las diferentes entidades han cuestionado la acción emprendida por el Ministerio del Trabajo.
A inicios de este mes, en Guayaquil, realizaron una marcha para pedir la inconstitucionalidad de la revisión de los contratos colectivos para determinar si tenían el aval del Ministerio de Finanzas, lo cual se establece en el Decreto 080.
Y la semana pasada, en Quito, sindicalistas de diferentes organizaciones sociales, entre ellas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), realizaron un plantón denominado por la justicia laboral. De manera simbólica clausuraron el edificio en donde funciona el Ministerio del Trabajo en la capital.
El presidente del FUT, José Villavicencio, indicó que tienen propuestas de reformas a los acuerdos ministeriales que consideran afectan a la contratación colectiva y al derecho al trabajo, sin embargo, no han sido atendidos. “Hemos pedido audiencia por más de dos meses, hemos pedido una política de inspecciones, pero resulta que tampoco existen”, dijo. (I)