Richard Gómez, dirigente sindical artífice del primer contrato colectivo de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y que ahora es representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), explica los alcances de dicho contrato. Asegura que más del 90 % de dicho contrato no se cumple y reclama que las autoridades no dieron espacio para la negociación. Sobre las indemnizaciones millonarias dice que son un blindaje para evitar despidos.

Frente a las críticas del contrato de CNEL, ¿no le parece que es generoso, dadivoso y hasta abusivo (como han dicho algunas personas)?

Quienes administraron las eléctricas desde el 2009 no quisieron negociar el primer contrato colectivo enviado por los trabajadores en 2018. Los gerentes de turno, que han sido alrededor de 27, no tomaron las precauciones, sino que dilataron el tema y se tuvo que ir a un tema de arbitraje. Ese tribunal de arbitraje aprobó tal como lo habíamos pedido. Ahí nos reconocieron el derecho el 18 de mayo del 2021. Esto lo recoge la Contraloría. Es importante decir que existen legalmente dos formas de aprobar: una es la negociación; pero, cuando no hay voluntad de diálogo de una de las partes, entonces se puede acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde están dos de empresas, dos de trabajadores y el director del trabajo, que preside. En este caso no se necesitaba pronunciamiento del Ministerio de Finanzas.

Este primer contrato fue una gran conquista. ¿Fueron más beneficios que los que tenían antes como empresas privadas?

Antes ya teníamos beneficios; lo que hicimos fue unificarlos. Teníamos derecho a comisariato, estabilidad... Recogimos lo mejor de otros contratos para poder negociarlo. Pero la empresa archivó, y se puede demostrar que irresponsablemente CNEL alargaba la negociación. Por ello, tomamos la decisión en asamblea de ir al Tribunal de Arbitraje. Así ganamos por sentencia nuestro contrato colectivo.

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¿Qué le parece que haya 96 meses de indemnización en caso de ser despedidos, tres meses por cada año de estabilidad, y 15 meses para un sindicalista? Esto podría estar bien para el trabajador, pero ¿llega a afectar a la empresa?

El Código del Trabajo prohíbe despedir a un trabajador. Existen cláusulas para despido en las que se aplica el visto bueno. Pero hemos buscado proteger al trabajador con cláusulas que impidan que despedir sea barato y boten a todo el mundo; de lo contrario, mañana se podría despedir a los dirigentes que están reclamando por los derechos. En el sector privado no existe el sindicalismo. La protección que tenemos en CNEL ha logrado que desde 2021 ni un solo trabajador haya sido despedido. Ahora tenemos este blindaje para incidir en que no se pueda despedir a nadie a mansalva por reclamar derechos. Si nos comparan con el sector privado, parecería un abuso, pero en realidad no se utiliza. La indemnización no es para que nos paguen, no es que queremos ganarnos una lotería, sino para que no nos boten. Y a pesar de que tenemos este blindaje, tenemos un dirigente en Petroecuador a quien no le están reconociendo el contrato colectivo. Hay una cláusula que dice que no puede pasar el monto de 300 salarios básicos.

¿Cuánto le cuesta a la empresa este contrato colectivo?

En 2021 el pago de beneficios fue de $ 79 millones, 6,66 % de los ingresos. En el 2022 fueron $ 74 millones, el 6,17 % de los ingresos de la empresa. En 2023 nos pagaron $ 56 millones, equivalentes al 4,21 % de los ingresos de la empresa. Y en 2024 nos van a reconocer, está proyectado, $ 42 millones, que es 2,72 % de los ingresos de la empresa. Si nos comparamos con un restaurante o empresa chiquita, los valores se ven altos, pero en esta empresa que necesita la especialización son valores relativamente bajos, que no impactan en el patrimonio. Sin embargo, a través de los excedentes de liquidez se nos llevaron $ 435 millones en los últimos tres años y no nos han devuelto. Hay $ 68 millones en subsidios que no han devuelto. Adicionalmente, la parte de cortes por falta de mantenimiento hubiesen costado $ 150 a $ 200 millones. Sin embargo, en octubre y noviembre le comenzamos a comprar a Colombia y le pagamos a 67 centavos kWh y les vendemos a los ciudadanos a 10 centavos kWh. Esto no es culpa de los trabajadores, sino de los funcionarios directivos.

Justo ese es un dilema: si la empresa es ineficiente, con robos de electricidad, corrupción, no se entiende cómo pagan importantes cantidades por el contrato colectivo. ¿Cuál es su postura?

Los trabajadores terminamos siendo la última rueda del coche; al final, castigados por decisiones de los Gobiernos de turno. ¿Usted cree que es justo que una empresa tenga un gerente cada cuatro meses? ¿Y así cree que se pueda funcionar bien? Las pérdidas subieron alrededor de casi seis puntos. Pero la recuperación de pérdidas de energía nos la quitó a los trabajadores y se tercerizó (la) toma de lectura, corte y reconexión, entrega de planillas. Ahí hay de todo, buenos y malos elementos. Pero, al final del día, no han bajado las pérdidas, sino que han subido.

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¿No hay dónde recortar?

Siempre estamos dispuestos al diálogo. Por ejemplo, le cuento que hay algunos medios que nos han sacado que en CNEL ganamos $ 460 por cada hijo por guardería, pero somos injustamente golpeados, porque no nos dan. Pero, para que no se satanice, estamos dispuestos a declinar. Nosotros no queremos esos $ 460, sino la guardería. Sin embargo, en la práctica no tenemos ni la guardería ni los $ 460. También nos han puesto que ganamos $ 100 más por año: no es así, porque el contrato solo indicaba que sea durante el tiempo que esté vigente el contrato. Como ahora está prorrogado, del 2021 para acá no nos han vuelto a incrementar. Lo que conquistamos es para el periodo que tiene vigencia, es decir, del 2019 al 2021. Los demás derechos sí se entienden prorrogados.

Entonces, no les han subido los siguientes años, pero está en el contrato lo de la guardería…

Pero no nos dan. De los 85 artículos y 2 disposiciones transitorias que contiene el contrato, los únicos que nos aplican y que tiene el sector público y privado son subsidio antigüedad, subsidio familiar y comisariato. El resto de beneficios no nos han dado. Por ejemplo, no tenemos el beneficio de guardería desde hace cinco años.

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Y sobre el volumen de salarios, ¿cómo lo ve? Se dice que una persona podía ganar $ 5.500 y luego bonos, y le salía más de $ 13.000. ¿Es así o no?

Este caso en particular sí es cierto, pero se está hablando de un caso de un total de 6.200 trabajadores. Esto es para ripley. Es el de un compañero que no es afiliado al Comité de Empresa y trabajaba en Emelec, y este pasó a CNEL. Si pasa de otra empresa, no se le pueden bajar los derechos. Nosotros tenemos compañeros que ganan $ 600; al final del día, se compara con el sueldo del compañero que tiene 43 años de trabajo. Pero si él mañana se jubila, ese puesto está valorado en $ 1.900 mensuales.

¿Por qué no es argumento válido lo que dice el Ministerio del Trabajo de que el contrato de CNEL vigente no tiene certificación del Ministerio de Finanzas?

La ministra del Trabajo dice que la ley dispone que se debe dar un certificado que básicamente dice que este es responsabilidad de la empresa pública dado que el ministerio no entrega dinero a la empresa. Pero este contrato salió por sentencia; no dice la norma que (antes del) fallo se deba pedir esa certificación. Esta empresa tiene autonomía financiera. El gerente actual hizo una consulta al procurador sobre la CNT: el procurador le dijo que no.

¿Hay entonces un factor de negligencia de las autoridades?

Estas personas se negaron. Para que yo presente el proyecto de contrato en 2018 y recién en 2021 sale el fallo... En un informe de Contraloría está la irresponsabilidad de las autoridades que han pasado por la empresa. Hubiera sido importante renegociar artículos que hoy no me los aplican y que han causado impresión en la ciudadanía, pero que no tenemos.

¿Ustedes pidieron más allá de lo que querían para poder regatear?

Como se hace en cualquier negociación. Pero al final, el 96 % de los artículos no nos lo aplican. Yo quiero entrar a renegociación, pero no hay apertura de las autoridades ni de la gerencia ni del ministerio. Es un silencio cómplice. Porque, por ejemplo, este compañero que gana $ 13.000 y tiene 43 años trabajando, todo el mundo lo nombra y hasta capaz lo terminan secuestrando. Es un caso. La media de nuestro sueldo es $ 2.000. ¿Por qué no hablan con él para que se jubile? Por un trabajador quedamos mal los otros.

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¿Cómo ve que los funcionarios de oficina también sean cobijados por el Código del Trabajo? ¿Eso es lógico?

La ministra se equivoca y confunde a los servidores de la Losep; a nosotros nos cubre la LOEP, pero esa no es una ley laboral. Existe un pronunciamiento de Procuraduría y de la Corte Constitucional que se debe aplicar a trabajadores y servidores de empresas públicas el Código del Trabajo.

Quisiera saber si usted propuso un nuevo contrato en 2022. ¿Se podría renegociar? ¿Cuál es el estatus?

Yo quiero renegociar. Este proyecto del 2022 tiene las cláusulas iguales al vigente, pero se han aplazado las negociaciones. El mediador laboral convocó por varias ocasiones y nos alargamos a tal punto que el mediador archivó y la única manera ahora es demandar al Tribunal de Arbitraje para que sentencie el segundo contrato. Hemos pedido la revocatoria del archivo y hemos pedido un mes más para terminar la negociación. Pero del ministerio nos dicen que ha terminado el plazo.

¿Cuál es su propia situación laboral en CNEL ahora?

La ministra está equivocada. Yo pedí una licencia sin remuneración de CNEL. Tengo aviso de salida de CNEL, pero tengo aviso de entrada en el IESS. Pero, cuando haya elecciones de los vocales, veré si participo o me regreso a mi puesto de trabajo. Yo no he cobrado liquidación alguna. (I)