La Contraloría General del Estado (CGE) halló presuntas irregularidades en una compra que hizo Petroecuador en 2023 para adquirir terrenos que conforman el cinturón de seguridad de la Refinería de Esmeraldas.
La entidad auditó las operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
En el examen especial aprobado, la Contraloría sugiere imponer multas por $ 27.000 y determinar glosas por $ 10 millones.
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Además, se establecieron indicios de responsabilidad penal mediante un informe que será remitido a la Fiscalía, para que inicie investigaciones por el presunto delito contra la eficiencia de la administración pública, informó la CGE.
La auditoría determinó que el gerente de Refinación encargado, quien estuvo en funciones entre el 19 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, declaró la utilidad pública en octubre de 2023 de dos predios rurales en las parroquias Vuelta Larga y Simón Plata Torres.
Esa operación se habría realizado sin contar con los certificados de avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Esmeraldas y sin la delegación del gerente general de Petroecuador.
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Además, en aquel momento los precios de los inmuebles fueron fijados por la Jefatura de Contratos y la Subgerencia de Finanzas sin el certificado de avalúo.
En esas condiciones se realizó la compra de los terrenos, por los cuales se pagó a los propietarios $ 10,1 millones.
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La Contraloría aclaró que la Ley de Contratación Pública dispone que el monto de compra se fija sumando un 10 % al valor que consta en el avalúo catastral.
Con base en eso, el organismo de control señaló que el avalúo de los predios era de $ 53.471, por lo que el monto legal de los terrenos ascendía a $ 58.818.
De ahí que la responsabilidad civil sugerida por la Contraloría corresponde a la diferencia entre los recursos desembolsados por Petroecuador y el valor que debía calcularse de acuerdo a la norma vigente en el momento de la negociación. (I)
