Consejo Directivo del IESS sigue frenado tras diferimiento de acción de protección presentada por trabajadores

La audiencia pública para decidir si se otorga una acción de protección a los representantes de los trabajadores con respecto a la elección del vocal que los representa ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y que debía llevarse a cabo el viernes 25 de noviembre, se difirió para el jueves 1 de diciembre a las 15:00. El diferimiento alarga también la restricción que actualmente tiene el Consejo Directivo de la entidad de Seguridad Social de reunirse, pues está vigente una medida cautelar que le dispone al presidente del IESS, Alfredo Ortega, “que se abstenga de convocar a las sesiones del directorio del IESS mientras se resuelve la acción de protección en lo principal, dentro de la audiencia pública”.El problema de la conformación del Consejo Directivo se viene arrastrando desde ocho años al menos. La Corte Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad sobre la conformación del Consejo Directivo, pues se consideraba que no se estaban tomando en cuenta a todos los posibles sectores que conformaban tanto el sector empleador como el trabajador. La Corte dispuso que dos incisos del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social que se refería al tema quedaban en inconstitucionalidad diferida, hasta que la Asamblea redactara otra ley que aclarara el tema. Sin embargo, la ley salió recién en el 2021, pero fue vetada por el presidente Guillermo Lasso, pues se consideró que no se cumplía con la mayor inclusión y que el establecimiento de una presidencia rotativa afectaría la gobernabilidad y generaría una politización. La Asamblea debía esperar un año para retomar el tema, pero aunque ya se cumplió el plazo, no lo hacía.Como una medida para salir del entrampamiento, el 3 de octubre pasado, el Gobierno emitió el decreto 571 que reformaba el reglamento para elegir a los miembros del Consejo, tanto a los que representan al sector empresarial como al trabajador. El presidente de la República dio 15 días de plazo para que sean nombrados un candidato de cada sector para ser calificado por la Superintendencia de Bancos. El proceso se cumplió con respecto al representante de los empleadores, pero no sobre los trabajadores, que presentaron más de un candidato. En ese intermedio, la Asamblea se ratificó en la ley que había vetado la Presidencia y la Superintendencia consideró que ya no podía continuar con el proceso que se determinaba en el decreto 571. Frente a este panorama, el 14 de noviembre pasado, los representantes de las centrales sindicales históricas, entre ellos Édgar Sarango, Isabel Vargas, Fernando Ibarra, presentaron una demanda de acción de protección en contra de la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría General del Estado. En cuanto a la Superintendencia, la demanda fue dirigida a Antonieta Guadalupe Cabezas Enríquez, actual superintendenta (e), y a Jorge Luis Andrade Avecillas, intendente nacional jurídico de la entidad de control. Actualmente, Andrade Avecillas ha salido de ese cargo, pues fue nombrado presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN). La demanda también se extiende al procurador Juan Carlos Larrea. La medida cautelar para evitar nuevas sesiones del Consejo estuvo dirigida al presidente el IESS, Alfredo Ortega.La jueza contra la Violencia a la Mujer o a Miembros del Núcleo Familiar Hilda Yolanda Garcés Dávila aceptó a trámite el pedido y fijó como fecha el 25 de noviembre, pero esta audiencia debió ser diferida por pedido de la Procuraduría.El argumento de la Procuraduría fue que la Dirección Nacional de Patrocinio y sus direcciones regionales habían recibido una carga procesal en los últimos días y no cuentan con profesionales del derecho para intervenir en la audiencia señalada para el viernes pasado, “por lo que solicitan el diferimiento de la misma”. La jueza aceptó el pedido.De acuerdo con Fernando Ibarra, representante de la Cedoclat, una de las centrales sindicales demandantes, el proceso avanza y esperan que la jueza acepte su pedido que no tiene otro objetivo sino que los derechos de los trabajadores sean respetados y que el Consejo Directivo del IESS esté representado por un vocal que en realidad sea respaldado por los trabajadores y no por Luis Clavijo, el vocal en funciones prorrogadas, que ha sido ya desconocido por su sector.Ibarra comentó que en estos días dentro del proceso judicial se han presentado tres a micus curiae. Dos a favor del IESS y de la Superintendencia de Bancos, y otro a favor de los trabajadores. Efectivamente, el 24 de noviembre pasado, Patricia Elizabeth Borja Laverde presentó su apoyo a la postura de la Superintendencia de Bancos; además Martha Alexandra Padilla Murillo, en calidad de procuradora judicial del director general y representante legal del IESS, hizo lo propio. Entre tanto, el abogado José Vladimir Andocilla Rojas, que también presentó un amicus curiae, debía ser escuchado el 25 de noviembre apoyando la postura de los trabajadores.Entre tanto, el Consejo Directivo del IESS solo ha logrado reunirse una vez, antes de la expedición de la medida cautelar. El mismo 14 de noviembre, pero en la mañana, antes de que sea presentada la acción de protección. Lo hizo con la presencia de Alfredo Ortega, la nueva representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez (en reemplazo de César Rodríguez), y con Luis Clavijo, vocal prorrogado en funciones y representante de los trabajadores. (I)

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