El ultimátum que dio el presidente Daniel Noboa al consorcio Sinopetrol para que pague la prima de entrada de $ 1.500 millones por el campo Sacha, hasta las 21:00 del martes 11 de marzo -caso contrario no se firmará el contrato- atizó la tensión que rodea al Gobierno por este tema. Varios frentes de oposición se han unificado en rechazo a esta operación.
La expectativa es grande considerando que la empresa Petrolia Ecuador, que es parte del consorcio junto a Amodaimi Oil Company, espera que las autoridades acepten el pedido de ampliar el plazo para el pago de la prima.
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Lo que ocurra el martes será determinante y definirá las posiciones tanto de Carondelet como de la oposición, lo que a su vez podría influir en las elecciones presidenciales del 13 de abril.
Sacha es el mayor activo petrolero de Ecuador. Alcanzó los 76.400 barriles de crudo al día, el 5 de marzo, lo que representó alrededor del 16 % de toda la producción nacional, que llegó a 470.705 barriles, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Produce crudo Oriente con densidad API de 25 y 26 grados, más liviano que otros campos, por lo que es mejor valorado en el mercado.
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Varias organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y agrupaciones políticas han cerrado filas en contra de la delegación del campo, que ha llevado adelante el Ministerio de Energía y Minas. Alegan que la entrega a Sinopetrol ha sido “a dedo”, porque no hubo un concurso público, que se está privatizando “la joya de la corona”.
Han señalado que el proceso de negociación ha sido oscuro y plagado de presuntas irregularidades. Que habría nexos entre las empresas adjudicatarias con familiares del presidente de la República. Que causaría un millonario perjuicio al Estado por alrededor de $ 8.000 millones y que el país pierde porque el consorcio se quedará con más del 80 % de la producción de crudo.
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FDPE) han liderado la oposición desde septiembre de 2024. En los primeros meses de 2025 han sumado más adeptos a la causa, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y hasta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Estas organizaciones prevén realizar una movilización a escala nacional el 11 de marzo.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la asambleísta del correísmo Pamela Aguirre, fiscaliza desde finales de diciembre la concesión. Ha realizado sesiones, a las cuales han sido convocadas autoridades gubernamentales y de Petroecuador, pero no se han presentado.
En el pleno de la Asamblea también se discutió el tema, el 15 de febrero, en una sesión en la que se mocionó para declarar que el acuerdo ministerial que abrió el camino para la delegación de Sacha no se enmarca en los casos de excepcionalidad contemplados en la Constitución, porque no se ha justificado que garantice el interés nacional. Aquella plenaria se suspendió y no se ha reinstalado.
Incluso grupos de profesionales y técnicos del sector petrolero, que están de acuerdo con la concesión Sacha, han expresado preocupaciones por la manera en que el Gobierno adjudicó el campo.
Mientras, el Ejecutivo ha intentado calar con su discurso de desmentir que no es una privatización, que habrá importantes beneficios económicos al delegar a un operador privado el desarrollo del campo petrolero durante 20 años. Ha destacado que el Estado obtendrá $ 6.314 millones, sin tener que poner un dólar para la operación del bloque.
Que además se quedará con el 82 % de la renta petrolera. Que el contratista invertirá más de $ 1.700 millones, se crearán 1.000 fuentes de empleo, se incrementará la producción a 100.000 barriles diarios, se atenderán los pasivos ambientales, mejorará la infraestructura, entre otros aspectos.
Manejo del Gobierno a la crisis generada
El ruido que ha causado la polémica entorno a la concesión provocó que el presidente Noboa rompa el silencio que lo ha caracterizado en temas sensibles, observó la experta en comunicación política, Caroline Ávila Nieto, sobre el manejo del Gobierno en la crisis que se ha generado y las tensiones con diversas organizaciones.
Así se explicaría la carta que publicó el jefe de Estado, el 5 de marzo, en la que negó que su parentela se aproveche del Estado y puso el plazo a Sinopec para el desembolso de los $ 1.500 millones. Con el mensaje de Noboa, el régimen busca imponer la imagen del presidente y cuidar la narrativa controlar el relato porque “se les estaba yendo de las manos”; sin embargo, el texto “pone más conflicto”, opinó, quien señaló que el Gobierno ha tenido errores en la comunicación del tema.
Lo mismo se percibió con la apresurada rueda de prensa que dio en pleno carnaval la ministra de Energía, Inés Manzano, luego que se filtró la resolución que firmó para adjudicar el campo a Sinopetrol, el 28 de febrero. “Se vieron forzados a hacer (la rueda de prensa) para poder controlar el relato, porque se estaba diciendo de todo”, reflexionó la experta.
La proximidad electoral ha intensificado la sensibilidad de este tema, apuntó Avila Nieto, permitiendo que las fuerzas de oposición se agrupen, aunque algunas sean antagonistas entre ellas, utilizando el caso como un símbolo de protesta y resistencia.
“Se convirtió en un nuevo envase en el que se depositan todas estas luchas y eso va a pasar si el Gobierno insiste con concesionar o adjudicar, o el nombre que tú quieras, el campo Sacha”, resumió.
“Es una defensa al patrimonio nacional”
David Almeida, secretario de la Antep, señaló que la oposición a la concesión de Sacha ha crecido porque se trata de una “defensa al patrimonio nacional”. Y mencionó que han sufrido persecución por haber alertado en septiembre sobre las intenciones del régimen con el bloque 60.
Reconoció que en el contexto electoral habrá organizaciones políticas que van a tratar de capitalizar el tema a su favor. Sin embargo, dijo, es algo que el Gobierno debió medirlo antes de insistir con la delegación del bloque.
“El Gobierno es el que ha planteado la discusión en medio de la campaña electoral. Pero desde nuestra parte, nosotros hemos tratado más bien de que esto se mantenga en el campo organizativo de trabajadores campesinos y organizaciones populares”, recalcó, al tiempo de aclarar que la Antep y el Frente Petrolero no persigue fines electorales y se han opuesto a los gobiernos anteriores que también han pretendido concesionar Sacha o han entregado campos petroleros mediante procesos dudosos.
“Para nosotros va más allá del contexto electoral. A nosotros no nos interesa que tengan elecciones. Vamos a defender el patrimonio nacional más allá del calendario electoral”, enfatizó Almeida.
“Hay muchos intereses para impedir la concesión”
Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía de Ecuador, apoya la delegación de Sacha porque Petroecuador no tiene los recursos que se requieren para mejorar el desarrollo del campo, así como atender a las comunidades aledañas al bloque 60, y es necesario que el riesgo de las inversiones no lo asuma el Estado.
El empresario comentó que Carondelet no ha sido eficiente en comunicar los beneficios de la delegación, lo que ha sido aprovechado por la oposición en el marco de las elecciones de la segunda vuelta presidencial.
Además, apuntó, hay intereses económicos de por medio que buscan echar abajo la adjudicación para no perder jugos contratos que ahora se mantienen con Petroecuador y que terminarían si se entrega la operación del bloque a un privado.
Sinopetrol iniciaría la operación de Sacha en junio de cumplirse plazos
El sistema petrolero de Ecuador “necesita un cambio”, independientemente de quién gane las elecciones, afirmó Aspiazu, ya que la situación actual “es insostenible”. Por ello, sugirió que, aunque las negociaciones con Sinopetrol están tambaleando por el ultimátum del presidente, “la concesión de Sacha es un paso necesario para la reestructuración del sector”.
”Sacha es, sencillamente, un primer paso que tendrá que hacerlo Daniel Noboa como presidente reelecto, o Luisa González, como nueva presidenta. Cualquiera de los dos, tarde o temprano, van a tener que dar el paso de concesionar Sacha”, analizó el vocero de la Cámara. (I)