La industria del cannabis no psicoactivo apunta hacia la expansión y convertirse en una actividad clave en la economía ecuatoriana. Con ese objetivo, el Clúster de Industrias del Cannabis y Cáñamo del Ecuador (Cicce) presentó este martes 28 de enero las perspectivas de crecimiento del sector a corto plazo, donde se estima alcanzar ventas por $ 17 millones en 2025 y aportar con el 0,5 % del producto interno bruto (PIB).
En el país existen 705 empresas vinculadas a la industria, desde fincas productoras hasta establecimientos que comercializan los productos finales. El 60 % de los negocios se encuentran en las provincias de Guayas y Pichincha.
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Existen más de 800 productos finales que se venden en el mercado, que abarcan a varios segmentos, desde usos medicinales, alimentos, bebidas, vestimenta, materiales para la construcción, entre otros.
Actualmente la industria del cannabis genera 30.000 empleos directos y la expectativa es que se produzcan 144.000 plazas de trabajo indirectas.
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En el país hay 2.277,3 hectáreas disponibles con permiso de licencia al 2024 y se han firmado contratos de inversión por alrededor de $ 67 millones, según datos del Cicce.
“Queremos ser un impulsor de la economía”, resaltó Lizbeth Fajardo, presidenta del gremio, quien repasó que el sector se ha venido desarrollando formalmente desde el año 2019, con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este tiempo, recordó, se han emitido reformas legales, regulaciones y acuerdos ministeriales que han permitido darle forma a la industria, que tiene una proyección positiva.
En ese sentido, Eduardo Monge, director del Clúster, destacó que Ecuador tiene una de las mejores normativas a escala mundial, que convierten al país en un centro atractivo para inversionistas extranjeros, ya que a diferencia de otros países de la región aquí se pueden elaborar una amplia gama de productos a partir del cannabis.
Aunque falta camino por recorrer y se han presentado dificultades, la industria ha evolucionado de manera importante. En 2022, los ingresos ascendieron a $ 5 millones; para 2023 subieron a $ 7,2 millones; en 2024 se reportaron ventas por $ 10 millones y para 2025 la proyección es subir $ 7 millones más.
“El mayor problema es el estigma”, confiesa Nina Tapia, vicepresidenta de la organización, porque el desconocimiento generalizado sobre la planta no psicoactiva provoca cierto rechazo y resistencia entre las personas que confunden con el cannabis psicoactivo que no es legal en el país.
Por ello, dijo, el gremio trabajará más, a través de campañas de comunicación, proyectos turísticos, industriales y gastronómicos, para ampliar el conocimiento sobre esta actividad económica y sus bondades, ya que hay un fuerte potencial para las exportaciones debido a que los ciclos de cultivo en Ecuador son más cortos gracias a su ubicación geográfica.
Tapia aclaró que las semillas de la planta con la que trabaja la industria legal no contienen elementos psicoactivos. Las semillas, explicó, son importadas de Estados Unidos, Colombia y Europa. El clúster también apunta que en el país se produzcan semillas propias.
En 2022 se dio la primera exportación en pequeña escala. En 2023 el gremio trabajó con la Policía Antinarcóticos para la elaboración de un protocolo de exportaciones; en diciembre de ese año fue la primera exportación de biomasa a gran escala hacia Europa.
Barreras de acceso a financiamiento
Una de las principales barreras que enfrentan los empresarios es el acceso a líneas de crédito productivo en el sistema financiero; además, hay demoras en poder abrir cuentas bancarias para los negocios. “Es imposible para un cultivador, en el campo, pretender operar sin un préstamo para comprar las semillas, para invertir, para el riego. Y en campo no se puede, porque el banco no te da”, lamentó Tapia.
Al respecto, Lizbeth Fajardo explicó gracias a una gestión fuerte recientemente, a finales de 2024, se abrió una línea de financiamiento en BanEcuador.
Licencias pueden costar hasta $ 40.000
La normativa ecuatoriana contempla siete tipos de licencias para el uso de cannabis no psicoactivo. Al momento se han otorgado 260 licencias.
Fajardo explicó que las licencias 1 y 2 están enfocadas más a semillas y reproducción de plántulas. Las licencias 3 y 4 corresponden a la parte agrícola a cielo abierto, en invernaderos, dependiendo el tipo de semilla. La licencia 5 es para productos derivados de la planta, que se elaboran en laboratorios. La licencia 6 es para investigación científica. Y la licencia 7 es para centros de acopio y exportación.
Los tiempos de los trámites para obtener estos permisos se han ido reduciendo. Antes el proceso podía demorar hasta seis meses, pero ahora se lo puede hacer en tres meses, indicó Monge.
Los costos van desde los $ 1.000 hasta los $ 4.000, para las licencias desde la 1 a la 6. Y la más cara asciende a $ 40.000, que la licencia número siete, la cual hasta ahora no se ha sido otorgada en el país, aclararon los voceros del clúster. “El reglamento está muy bien armado, para que todo funcione”, puntualizó la vicepresidenta del gremio. (I)