En el contrato de participación para que el consocio Sinopetrol opere el campo petrolero Sacha se definen los límites de precios entre $ 30 y $ 120 para el crudo de Texas conocido como WTI, y se determinan los porcentajes de participación en crudo para la contratista y el Estado.
Así, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, explicó que si llegáramos a niveles de $ 30 o debajo la contratista en ese momento requiere tener más participación en crudo porque tiene que recuperar sus inversiones y gasto operativo. “En el reglamento codificado de aplicación para la Ley de Hidrocarburos existen puntos descritos: cuando el precio estuviese en $30 o por debajo el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. En la negociación no llegamos a ese punto, sino 19 %”.
Publicidad
Y si el crudo llegara a $ 120 o más, el Estado tendría más del 20 % que dice el reglamento y podría llegar hasta 26,5 %.
Además, dijo que la contratista empezará a pagar desde la salida del campo una serie de contribuciones, Ley 40, uso del Sote. “Vamos a recibir bastantes ingresos por el manejo de la evacuación del crudo, así que al final, cuando se paguen impuestos, comercialización, el Estado con ese volumen de crudo a $ 62 va a recibir 82 % de beneficio que genera el campo”.
Publicidad
Actualmente, el WTI se ubica en $ 68,26 en el mercado internacional.
La participación que tendrá el Estado fue uno de los puntos que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas explicaron el lunes pasado sobre la adjudicación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador, subsidiarias en ese orden de la estatal china Sinopec y de la canadiense New Stratus Energy.
El Gobierno defendió el proceso para delegar la operación de este campo, destacando dos aspectos: no es una privatización y que el país necesita los $ 1.500 millones que el Estado recibirá de entrada por la adjudicación y que serán destinados para inversión social.
La ministra de Energía, Inés Manzano, indicó que la adjudicación no implica la firma del contrato, pues hay un plazo de 30 días para que la empresa presente una serie de condiciones.
El Gobierno destacó que el valor negociado de la prima para el Estado es el más alto del país y la región y que el consorcio primero debe pagar al Estado esos $ 1.500 millones antes de la firma del contrato: “Si no hay pago, no hay contrato”, dijo Manzano.
La asignación directa de este campo aseguró que se adecúa a la Constitución y las leyes. Manzano dijo que no es un proceso a dedo, sino que la empresa interesada presentó su propuesta y que también se invitó a otras.
El Gobierno enlista los beneficios de este proceso, pero grupos advierten con acciones y llaman a la resistencia. (I)