El contrato de participación para la explotación y exploración adicional del campo petrolero Sacha llega a su momento clave, pues al consorcio al que se le adjudicó le quedan pocas horas para concretar el pago de la prima de $ 1.500 millones.
El Ministerio de Energía y Minas adjudicó el 28 de febrero de 2025 este contrato al consorcio Sinopetrol, que está integrado por Amodaimi Oil Company (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador (subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy).
Esta adjudicación causó una serie de cuestionamientos, que alegan que el Estado pierde con esta delegación por asignación directa. En medio de las críticas, el 5 de marzo pasado, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, dio un plazo para que el consorcio pague la prima de $ 1.500 millones; si no lo hace hasta las 21:00 de este 11 de marzo, no se firmará el contrato.
Esto debido a que los $ 1.500 millones se destinarán a inversión social: Policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos, medicina y asistencia a los damnificados por las lluvias, según han indicado las autoridades.
“Si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones”, sostuvo el mandatario días atrás. Y esta semana ratificó que si este martes “no está pagada la prima, entonces no se da” la firma del contrato.
La prima se considera como un pago de entrada, a Petrolia le corresponde pagar el 40 % de esa cantidad, es decir, $ 600 millones; y a la subsidiaria de la estatal china Sinopec, el 60 %.
El gerente y representante de Petrolia Ecuador, Ramiro Páez, indicó el lunes pasado que tanto la empresa Sinopec como New Stratus Energy “están haciendo todos los esfuerzos para conseguir los fondos, como ha solicitado el presidente”, y que este martes, al cerrar el plazo, van “a informar al Estado hasta dónde (han) podido llegar”.
Dijo que la idea es comunicar al Estado hasta dónde han llegado y pedirle que les permita empezar. “Hacemos nuestro mejor esfuerzo con base en lo que pide el presidente”, mencionó, pero también indicó que la situación es bastante apremiante, pues debieron conseguir en una semana lo que estaba previsto hacer en 30 días laborables.
Aunque la empresa había pedido al Gobierno que se volviera al plazo de los 30 días, la respuesta “ya la dio”, cuando el mandatario públicamente dijo que el plazo es hasta este martes.
Agregó que están conscientes de que si no consiguen los recursos y no se concreta el pago, tampoco se firmará el contrato, lo cual “sería un poco penoso tener que perder esta oportunidad de parte y parte, porque no es solamente la compañía que va a perder esta oportunidad de trabajar en un campo muy importante, sino que el país también pierde”.
Si a las 21:00 no se paga la prima y el Estado decide no firmar el contrato, la negociación realizada entre las autoridades y las empresas se suspenderá y, según ha señalado el viceministro de Hidrocarburos, Guilhermo Ferreira, “se buscaría otro tipo de inversionista o empresa operadora que cumpla con las condiciones que (tienen)”.
Si el Estado recibe los $ 1.500 millones, el proceso continúa. El viceministro ha explicado que el país no tendrá que reembolsar “nunca” esa prima de entrada, pues ese dinero “compensa” las inversiones que no ha realizado el contratista por la actual infraestructura y producción del campo Sacha, que ronda los 77.000 barriles diarios.
Según datos del ministerio, en los 20 años que duraría la concesión, el Estado tendrá un flujo de caja positivo por más de $ 10.000 millones. Evaluando el proyecto hoy, con todos los ingresos y egresos futuros del campo, en esos 20 años el valor presente neto (VPN) para el Estado será de $ 6.300 millones, considerando la prima. Mientras que la compañía obtendrá un VPN de $ 2.100 millones, aproximadamente.
Los cálculos se estiman considerando un precio del barril de crudo en $ 62. Si el precio del petróleo se incrementa, el Estado ganará muchísimo más.
Si el WTI baja a $ 50 o $ 40 por barril, “el Estado jamás va a tener pérdidas”, aseguró el viceministro, “porque el Estado no ha colocado un dólar en la inversión que se está necesitando en el campo”. E insistió en que el contratista correrá el riesgo financiero, no el país. (I)
