Que Sacha es una “joya de la corona oxidada” y que “las joyas hay que pulirlas” fueron las frases con las que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, abrió la rueda de prensa, el pasado 3 de marzo, para justificar por qué el Gobierno decidió delegar la operación del bloque 60 al consorcio Sinopetrol para que asuma el desarrollo del campo por su cuenta. La autoridad aseguró entonces que parte de la infraestructura se encuentra en estado crítico y deteriorada, lo que representa riesgos ambientales y para los trabajadores.
EL UNIVERSO visitó el campo Sacha durante un recorrido realizado el 5 de marzo por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, liderados por el viceministro de Hidrocarburos, Guilhermo Ferreira. Se acudió a tres puntos: dos pasivos ambientales localizados en un mismo sitio, una torre petrolera y un área donde se ubican tanques de lavado y almacenamiento.
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En medio de eso surgió la advertencia del presidente Daniel Noboa para el consorcio: si no paga la prima de $ 1.500 millones hasta las 21:00 del martes 11 de marzo, no se firmará el contrato de participación.
Si el plazo vence y Sinopetrol no ha cumplido, el proceso de delegación del campo Sacha se suspenderá y el Gobierno irá por uno nuevo, señaló este jueves, 6 de marzo, el viceministro de Hidrocarburos.
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Con excepción de los pasivos ambientales, que llevaban más de 20 años contaminando el río, en las instalaciones visitadas no se observó a simple vista un daño evidente y alarmante de la infraestructura, como roturas o corrosión agresiva. Sin embargo, un técnico explicó la magnitud de los daños. Por ejemplo, que uno de los grandes tanques de limpieza de petróleo, que tiene más de 40 años, está deteriorado y fuera de funcionamiento desde hace dos años y que eso es un riesgo.
El tanque tiene capacidad de 10.000 barriles y llegó al punto que necesita ser reemplazado, pues el mantenimiento ya no es suficiente. “Ya no daba más. Había riesgo de que se abra y haya un derrame ambiental”, indicó el técnico de Petroecuador. Cuando salió de operación fue reemplazado por otro tanque, pero también presenta problemas.
En el trayecto se pudieron apreciar varios mecheros flameando intensamente, emanando el gas que sale de los pozos. Según información oficial, se estima que 20 millones de pies cúbicos de gas al día se queman en mecheros, mientras el campo opera con generadores a diésel, lo que genera más emisiones contaminantes.
Ferreira confirmó que desde 2016 y 2017 ha habido una fuerte desinversión en el campo. Desde entonces, dijo, el gasto operativo para el bloque 60 “no llega a los $ 60 millones o $ 70 millones por año; eso es muy bajo”. A ello se deben los problemas en la infraestructura o en el yacimiento, remarcó.
El gas de los pozos, explicó, produce problemas en las bombas electrosumergibles, en el fondo, “y las daña con mucha frecuencia”. Dadas las circunstancias, los pozos han requerido más reparaciones en los últimos años, llegando a casi 300 reparaciones por año, agregó el funcionario.
Ocurre porque “las condiciones del yacimiento no permiten que los equipos de levantamiento artificial funcionen eficientemente”. Y eso provoca grandes bocanadas de gas quemando, explicó.
De ahí se justifica la necesidad de invertir recursos, que los pondría el nuevo operador para revertir la situación, ya que el Estado no cuenta con el dinero.
Según Ferreira, se debe implementar tecnología, con proyectos de recuperación secundaria o mejorada del yacimiento, inyectando agua.
Pero esta operación es “altamente riesgosa” en las actuales condiciones de presión que tiene el yacimiento, por lo que las inversiones serán también de alto riesgo.
“Porque el frente de agua de inyección podría irse por el casquete de gas, que ya el yacimiento lo tiene separado. Si el gas realmente está separado en el fondo y el agua empuja solamente gas, lo que vamos a sacar es gas. Las inversiones que vamos a hacer en el futuro en este campo son de alto riesgo”, describió.
El campo requiere que se vuelvan a invertir entre $ 180 millones y $ 190 millones, por año, expuso Ferreira.
El contratista invertirá en los próximos tres años alrededor de $ 600 millones para repotenciación y la actualización de la infraestructura del campo; con ello, se prevé incrementar la producción de crudo a 100.000 barriles diarios, señaló el viceministro.
Entre los principales inconvenientes que se registran, según Ferreira, están:
- La necesidad de generación eléctrica.
- El 60 % de los tanques están dañados.
- El 48 % de los separadores, los equipos, etc., también están dañados.
Si el contrato se firma y la operación de Sacha pasa a manos del consorcio, por 20 años, Ferreira insistió que el Estado recibirá el 82 % de la renta. Se invertirán $ 40 millones en todas las comunidades del bloque 60, se remediarán los 507 pasivos ambientales, se perforarán 86 pozos nuevos, se colocará una planta de generación eléctrica de 90 megavatios, con lo cual se eliminarán los mecheros, entre otros temas.
China
Una de las dudas que ha generado el proceso de adjudicación es si en las negociaciones participó de alguna manera el Gobierno chino, debido a que la empresa Amodaimi Oil Company S. L. es subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec. Además, las autoridades han justificado que la concesión se da porque es una empresa estatal e internacional.
Al respecto, Ferreira respondió que “Sinopec es la casa matriz que respalda” la propuesta del consorcio Sinopetrol.
Añadió que “el Gobierno chino no tuvo nada que ver directamente en las negociaciones”, ya que estas fueron llevadas por los representantes de Sinopec y Petrolia.
Sin embargo, afirmó que en Pekín tienen conocimiento de la concesión. Que han enviado comunicaciones expresando su satisfacción por el proceso y que de su parte acelerarán los trámites correspondientes para la firma del contrato.
“Ellos están enterados porque han enviado comunicaciones desde el Gobierno a nuestra embajada. Y desde el Gobierno nos han enviado comunicaciones para decir que en todo el proceso de la adjudicación del contrato están satisfechos ellos de participar en nuestro país. Y han enviado comunicaciones diciendo que van a acelerar todo el procedimiento para que la firma se logre en 30 días”, aseguró el viceministro de Hidrocarburos. (I)