La decisión final sobre la concesión o no del campo Sacha, bloque 60, a un consorcio de empresas aún está pendiente. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dijo que posiblemente hoy se podría tener el informe fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el cual se determinará si la delegación del campo petrolero es o no favorable para la economía del país.
“No existe todavía dictamen fiscal. Es posible que salga hoy, no lo sé, no estoy segura, porque eso es un tema de procesos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el momento en que sale, obviamente se puede convocar 24 horas antes al COLH (Comité de Licitaciones de Hidrocarburos)”, dijo la ministra la mañana de este jueves, 20 de febrero, en una entrevista en Radio Democracia.
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Una vez que Finanzas emita su informe se convocará a una reunión del COHL que tomará la resolución definitiva de si se acepta o no la propuesta del consorcio formado por las empresas Petrolia Ecuador (subsidiaria de la empresa canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi Oil Company S. L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec).
La ministra aseguró que se están haciendo las cosas “de manera transparente y siempre pensando en los recursos, cómo mejor se manejan, cómo son más responsables también en los temas ambientales”, y aclaró que no puede anticiparse a la decisión que adoptará el COLH sin antes tener el informe fiscal del Ministerio de Finanzas.
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Respecto de los acercamientos con el consorcio, Manzano mencionó que la ley de hidrocarburos contempla negociaciones de Gobierno a Gobierno. En ese marco se dieron las conversaciones con una subsidiaria de Sinopec, indicó.
“Cerramos las actas en su momento, que son las actas de negociación, de las mejoras que podemos hacer, qué le hemos pedido, y luego lo que viene es que haya un dictamen fiscal”, explicó. Manzano no ahondó en detalles de las negociaciones.
Desde enero se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita su informe. En medio de eso se produjo la renuncia del ahora exministro de Economía Juan Carlos Vega, quien dejó el cargo el 13 de febrero.
La propuesta del consorcio es dar al Estado un pago inmediato de $ 1.500 millones, apenas se firme el contrato de participación con el Ministerio de Energía y Minas, en el cual el 20 % de la renta petrolera se quedará en manos de los nuevos operadores.
Las empresas buscan hacerse cargo del campo Sacha por un periodo de 20 años, tiempo en el cual se harían inversiones por más de $ 3.500 millones. Además, ofrecen incrementar la producción del campo a 100.000 en tres años y ejecutar un plan de inversión y desarrollo por $ 1.176 millones que contempla, entre otros aspectos, la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración adicional.
Algunos sindicatos de trabajadores petroleros y organizaciones de profesionales en el área energética consideran que la delegación se está haciendo “a dedo”, porque el Gobierno no abrió una licitación pública para recibir más ofertas.
Asimismo, han denunciado ante la Asamblea Nacional que existen presuntas irregularidades en el proceso, así como en las dos compañías que integran el consorcio. (I)