El Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la propuesta presentada por el consorcio conformado por Petrolia Ecuador (subsidiaria de la empresa canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi Oil Company S. L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec), para operar el campo Sacha (bloque 60) durante 20 años.
A la espera de la resolución, y en medio de cuestionamientos por parte de grupos que consideran que se estaría privatizando el campo, Ramiro Páez, gerente general de Petrolia Ecuador y representante legal de la compañía, habló de las pretensiones del consorcio.
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Aseguró que se ha cumplido con la legislación ecuatoriana, que no es una adjudicación “a dedo” y tampoco una privatización. Explicó cómo se resolverán eventuales conflictos y rechazó que la delegación de Sacha sea comparada con lo ocurrido con el campo Auca.
¿Cuándo empezaron los acercamientos hacia el Gobierno, con quién hablaron?
La primera ocasión, una vez que nos pusimos de acuerdo con la empresa Sinopec a través de su filial aquí Amodaimi, fue en junio del año pasado (2024). Tuvimos la oportunidad de presentarle al ministro de Energía de esa época, Roberto Luque, y también estuvo el ingeniero (Antonio) Goncalves. Los dos estuvieron en la sesión en el ministerio (de Energía) y también asistió el ministro de Finanzas (Juan Carlos Vega). Lo que hicimos es plantear la posibilidad de ponernos con un esquema, aprovechando que había circunstancia de la ley, el reglamento, la Constitución, que consistía en que entregando una prima de entrada podríamos buscar una adjudicación directa, por cuanto tenemos un consorcio con una empresa estatal. Se mostraron muy interesados. No se habló de valores todavía, sino que dijeron, “bueno, presenten una propuesta inicial”. Se hizo una propuesta inicial y a mediados de junio se presentó la primera propuesta. Esa vez fue con 1.000 millones de dólares de entrada, sujeto a la revisión y visita al campo de las instalaciones.
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¿Cuándo fue la visita al campo?
En el mes de agosto. Firmamos un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Energía y con Petroecuador para poder ingresar a las instalaciones. Tuvimos la autorización de Petroecuador para ingresar a las instalaciones tres veces. Además tuvimos más de 10 reuniones con funcionarios de Petroecuador, en la época del gerente (Diego) Guerrero. Toda la información de Sacha se puso a nuestra disposición para que nosotros pudiéramos presentar una propuesta actualizada.
¿Cuántas propuestas se presentaron?
La primera propuesta fue de $ 1.000 millones. La segunda fue con una prima de entrada de $ 1.100 millones, fue presentada el 15 de noviembre. Y una vez que el Ministerio (de Energía) vio que podría haber alguna posibilidad de llegar a un acuerdo hace este acuerdo ministerial (040, del 26 de noviembre), para poder analizar la propuesta. Nombra la comisión negociadora del Ministerio de Energía, que es una comisión interdisciplinaria del área legal, área financiera, área técnica, socioambiental y revisa la propuesta. Eso fue a principios de diciembre. Terminamos con unas actas de acuerdo en el que el Ministerio consigue, a través de estas negociaciones, que subamos la prima de entrada a $ 1.500 millones.
Desde enero no sale el informe fiscal del Ministerio de Finanzas. ¿Qué conocimiento tiene de por qué ha demorado?
Han solicitado bastante información desde el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Energía, aclaraciones a la propuesta.
Ustedes han dicho que la prima no constituye un préstamo, ni una garantía. ¿Este dinero lo recibiría el Estado sin comprometer la cobertura de costos?
En absoluto. Es un ticket de entrada. El artículo 31 del reglamento establece claramente.
¿No van a haber descuentos futuros, ni compensaciones de algún tipo?
No, en absoluto. Pero también pongámonos del lado de la empresa contratista, se está entregando $ 1.500 millones. ¿Qué es lo que yo buscaría como contratista de este contrato? Que de los ingresos yo logre recuperar en los 20 años de mis utilidades, una cantidad suficiente que me permita pagar a los bancos estos $ 1.500 millones.
Hay grupos que están de acuerdo con la concesión, pero tienen preocupaciones sobre el procedimiento, porque no se invitó a otras empresas para que presenten ofertas y saber si la del consorcio es o no la mejor.
La ley y el reglamento le permiten perfectamente al Estado, al Ministerio (de Energía) hacer una adjudicación directa. No le llamemos a dedo, porque que suena un poco arbitrario; no es así. Es una adjudicación directa que tiene que basarse en análisis técnicos, económicos, legales, ambientales. Es una propuesta que se revisa. ¿Qué es lo que espera el Estado de esto? La ley lo dice: “por lo menos el 51 %”. Nosotros, en este modelo económico que hemos planteado al Gobierno, vamos a entregarle el 80 % de la renta neta. En base a eso se calcula el porcentaje de participación para cada una de las partes, con el objetivo de que siempre el Estado, al final de cada año, reciba por lo menos el 80 % de la renta neta.
¿Ese 20 % que le correspondería al consorcio incluye la producción actual del campo o sería sobre el incremento que logre?
Tiene que se sobre todo (la producción actual y futura). Vamos a tener que hacer (inversiones en el campo). Las instalaciones de Sacha están en pésimo estado. Hay informes de un tercero aprobado por el Ministerio y también por Petroecuador. Es cuestión de ir allá (al campo) o de revisar un informe de un tercero independiente, como es Bureau Veritas. Tenemos en el presupuesto de inversiones más de $ 500 millones para volver a poner a punto. Estas instalaciones se caen en pedazos.
En caso de eventuales controversias, ¿dónde se van a resolver, en tribunales ecuatorianos o extranjeros?
Tal como establece la ley y el reglamento. Hay que ir escalando todos estos procesos. Primero se trata de acordar amigablemente. Después, si no se llega a un acuerdo, se va a una mediación. Después se va a un perito tercero independiente y después se puede ir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), dependiendo de los montos, y se determina una sede en dónde podría ser el arbitraje.
Autoridades no asistieron a la Comisión de Fiscalización para explicar la concesión del campo Sacha
Se ha cuestionado la experiencia de las empresas ¿Dónde están operando actualmente? ¿En qué países y cuál es su nivel de producción?
Sinopec es una empresa que produce 1′400.000 barriles al día a nivel mundial, de los cuales la mitad, unos 700.000 barriles al día, produce en China y tiene en operaciones en 34 países. La filial que tiene aquí, que es muy pequeñita, que es Amodaimi, no necesariamente es la que tiene que trabajar, es Sinopec, la empresa, la casa Matriz tiene que dar el apoyo técnico, económico. Petrolia es una filial de New Stratus, que tiene su sede en Canadá y cotizamos en bolsa en Canadá. Estamos operando en México, producciones pequeñas, modestas, y también en Venezuela.
¿A cuánto asciende la producción?
De New Stratus, en total, ahora mismo unos 3.000 barriles, es pequeño.
Se les cuestiona también por la no renovación del contrato de los bloques 16 y 67.
La no extensión del contrato de los bloques se dio después de una presión mediática tremenda, por parte de algunos actores, que incluso alguno ya no está por aquí en esta vida. Decía que es ilegal el que se extiendan los contratos, como que fuera una cosa nueva, como que fuera la primera vez. Nosotros mismos hemos extendido en varias ocasiones del contrato del bloque 16 y 67. Sin embargo, hubo una presión mediática tremenda que el presidente (Guillermo) Lasso no la pudo soportar y menos el ministro Fernando Santos. Han pasado 2 años y no han licitado. Hubo una presión mediática, porque compró New Stratus el último año la participación de Repsol aquí en los bloques. Hablaron que se va a quedar sin dinero. Más bien, por el contrario, hicimos un buen trabajo, se subió la producción, subieron los precios de petróleo, recuperamos el carry forward. Se quedaron de todas maneras unos $ 300 millones sin poder recuperar del carry forward, porque nuestra expectativa era extender los contratos, pero una vez que se termine el contrato esa deuda se extingue. No se pudo renovar los contratos por razones políticas. Presentamos la propuesta, pero ni la leyeron en el Ministerio de Energía. Ya todo estaba hecho para que se revierta al Estado desde hace meses, antes de que termine el contrato.
¿Qué puede decir del proceso de fiscalización en la Asamblea?
Nada, porque es un tema bastante político. El Gobierno sabrá cómo va a defender eso.
¿Qué opina de las acciones de organizaciones que se oponen a la concesión?
Creo que están buscando que un organismo superior, como la Corte Constitucional, le dé cierta esperanza o respiro al grupo de estos sindicatos que está solicitando que se detenga. Pero yo no veo que eso tenga un asidero legal, porque todo está cumplido.
¿Si el Gobierno no acepta la propuesta, ustedes, como consorcio, van a seguir buscando otras oportunidades de inversión en Ecuador?
Por supuesto, esa es nuestra mentalidad siempre. Nosotros estamos con el ojo abierto en el bloque 16, en otros campos, en el sur oriente. Aquí no se ha hecho nada. Algo interesante que hay que ver es el número de operadores que ha tenido este campo (Sacha). El consorcio CEP Texaco desde los años 72 hasta el año 90. En 2009 terminó Petroecuador, vino Río Napo, después Petroamazonas. Y la producción ha tenido sus altos y bajos, nosotros esperamos subir a 100.000 barriles (por día) y es prácticamente un cambio de operador. No es una privatización, no es que se está vendiendo, regalando, entregando, donando, nada. Las reservas son del Estado y hay 5.000 millones de barriles de ahí. Se han producido apenas 1.100 barriles. Siendo más deficiente, se puede subir al 30 % del factor de recobro; es llegar a recuperar 380 millones de barriles.
¿Qué pasó con la adquisición de Amodaimi por parte de Petrolia?
Cuando queríamos extender los contratos (de los bloques 16 y 67) teníamos todo listo, incluida la compra de las participaciones de los demás socios, no solo de Amodaimi. Pedimos autorización a la Superintendencia de Control de Mercado para saber si no estábamos incurriendo en algún tema de monopolio y todo eso que siempre se requiere tener ese certificado. Ellos autorizaron la compra. Es decir, que no había ningún inconveniente en que compremos estas participaciones de los otros socios y que nos quedemos con el 100 % para poder extender el control, porque la extensión era solamente para Petrolia, no era para el consorcio total. No nos aprobaron. Nunca se culminó la compra. (I)