En medio de los cuestionamientos e inquietudes que ha generado el proceso de concesión del campo Sacha, la empresa Petrolia Ecuador, una de las dos compañías del consorcio que quiere hacerse con la operación del bloque 60, aseguró que se propuso al Gobierno “de forma transparente una inversión sólida y constante” para el desarrollo del campo.
El consorcio que ha negociado con Carondelet está conformado por Petrolia Ecuador (subsidiaria de la empresa canadiense New Stratus Energy) y Amobaimi Oil Company S. L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec).
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A través de un comunicado compartido este martes 18 de febrero, Petrolia informó que la oferta incluye un desembolso de $ 3.500 millones durante los 20 años que duraría la delegación.
Con esos recursos “se cubrirá todos los costos operativos y de administración necesarios, incluyendo un apoyo importante a las comunidades del bloque 60 Sacha”, señaló.
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Adicionalmente, dice el documento, se ha considerado destinar $ 153 millones para la reversión del bloque, una vez que finalice el contrato.
En la oferta presentada a Carondelet el consorcio se prometió a dar al Estado $ 1.500 millones, apenas se firme el contrato de participación con el Ministerio de Energía y Minas. Petrolia aclara que esa suma de dinero corresponde a una “prima de entrada”, que se pagará de manera inmediata, sin condicionamientos de “emitir garantías soberanas o asumir pasivos contingentes.
De acuerdo con el comunicado, el plan de inversión y desarrollo sostenible que plantea el consorcio comprende una inversión estimada de $ 1.176 millones, durante el tiempo del contrato, para los siguientes proyectos:
- Modernización y reemplazo de instalaciones existentes
- Perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración adicional
- Recuperación mejorada
- Aprovechamiento del gas asociado y la eliminación de la quema en mecheros de aproximadamente 18 millones de pies cúbicos de gas por día
Durante la vigencia del contrato también se plantea la recuperación de más de 370 millones de barriles de petróleo.
En el contrato de participación el Estado se quedará con el 80 % de los “beneficios totales estimados”, aseguró la empresa, al tiempo de agregar que con ello se superará “ampliamente” lo que de manda la Constitución y la legislación nacional.
El consorcio además ofrece apoyar al programa Amazonía Viva, de la petrolera estatal Petroecuador, generando más de 1.000 empleos directos. Y que se creará un centro de investigación petrolera, en asociación con una universidad del país.
“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de seguir contribuyendo al bienestar de los ecuatorianos, con transparencia y altos estándares técnicos, siempre fomentando un diálogo constructivo con la sociedad”, destaca el comunicado.
Hasta el momento el Gobierno no ha tomado la decisión de si acepta o no la propuesta y entrega el campo al consorcio de empresas.
Asamblea fiscaliza el proceso
La Comisión de Fiscalización y el pleno de la Asamblea Nacional analizan presuntas irregularidades en torno al proceso de delegación de Sacha y las empresas que integran el consorcio, que fueron denunciadas la semana pasada por organizaciones sociales.
Al respecto, la legisladora Viviana Veloz (RC), presidenta de la Asamblea, manifestó este martes que el campo Sacha se estaría entregando a un operador privado, “sin cumplir las regulaciones establecidas y el ordenamiento jurídico”.
Veloz señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por los representantes de las organizaciones, la concesión del bloque petrolero causaría un perjuicio al Estado por alrededor de $ 1.641 millones.
“Entregar el campo Sacha a quien no está preparado para su explotación tan solo está respondiendo a intereses ocultos, presuntamente inconfesables, lo que demuestra la irresponsabilidad gubernamental ante nuestros recursos petroleros”, manifestó la presidenta de la Asamblea.
Aún no existe fecha para que el pleno retome la sesión 1010, del sábado 15 de febrero, en la que se puso en conocimiento y análisis la conveniencia al interés nacional el acuerdo ministerial 040, de noviembre de 2024, en el cual la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró la excepcionalidad de delegar el campo Sacha a empresas estatales o subsidiarias que pertenezcan a países de la comunidad internacional, para la exploración y explotación adicional de hidrocarburos.
En la sesión plenaria el legislador Roberto Cerda, quien se opone a la delegación, planteó una moción para que se determine que el acuerdo ministerial 040 no se enmarca en los casos de excepcionalidad contemplados en la Constitución, porque no se ha justificado que garantice el interés nacional. Y que se rechace la inclusión de cláusulas de arbitraje en contratos de concesión. (I)