Representantes de organizaciones sociales y de trabajadores comparecieron la tarde del sábado 15 de febrero ante el pleno de la Asamblea Nacional para exponer sus inquietudes y preocupaciones sobre presuntas irregularidades en torno a la concesión del campo petrolero Sacha o bloque 60, ubicado en la provincia de Orellana. Los dirigentes solicitaron que se pida al Gobierno nacional detener el proceso de delegación a un consorcio de empresas que ha planteado una oferta para operar Sacha.
El pleno fue convocado por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), con el propósito de conocer y analizar la conveniencia al interés nacional y resolución respecto al acuerdo ministerial 040, firmado el 26 de noviembre de 2024, por la ministra del ramo Inés Manzano, en el cual se declaró la “excepcionalidad” de delegar Sacha a “empresas estatales o subsidiarias de estas” de países de la comunidad internacional para la exploración y explotación adicional de hidrocarburos.
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La sesión se realizó de manera virtual. Antes de las intervenciones de los asambleístas se recibió en comisión general a Jorge Cáceres, del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, quien señaló que el acuerdo ministerial se fundamenta en reformas a la Ley de Hidrocarburos que fueron declaradas inconstitucionales. Dijo que el acuerdo no se apega a la normativa vigente ni contiene un informe técnico de Petroecuador que justifique la delegación.
Cáceres señaló que las empresas Amodaimi Oil y Petrolia Ecuador, que conforman el consorcio que presentó la oferta al Gobierno, no tendrían relación con empresas estatales extranjeras, como la china Sinopec. Además, dijo que las autoridades no han informado al país si el contrato de concesión del campo incluiría cláusulas de arbitraje internacional, lo cual está prohibido en la Constitución.
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“De la propuesta que plantea el Gobierno de concesión del campo Sacha existen más dudas que certezas”, comentó el dirigente, e indicó que en 2024 el campo generó $ 1.552 millones en renta, con una eficiencia del 82 % en una relación de renta e ingresos. Señaló que con estos datos queda en duda por qué el Gobierno pretende delegar la operación del bloque 60.
El vocero del Frente Petrolero comentó que falta transparencia en la información de la operación. Además, aseguró que “Petroecuador ha demostrado que puede incrementar la producción petrolera del campo Sacha por administración directa y con bajos costos de producción”.
Con esos antecedentes, Cáceres hizo varias recomendaciones al pleno:
- Que se solicite al Gobierno suspender el proceso de concesión hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional, Petroecuador, Ministerio de Finanzas y de la Procuraduría General del Estado.
- Solicitar información técnica y económica a Petroecuador sobre la viabilidad del proyecto de optimización de desarrollo y explotación adicional del campo Sacha concesionado a privados.
- Solicitar el registro de la Secretaría de Hidrocarburos como operadores de campos petroleros de las empresas que han presentado la propuesta para el desarrollo del campo Sacha.
- Que Petroecuador siga operando el bloque 60 de manera directa.
- Exhortar a Petroecuador a cumplir con los planes y programas de gastos e inversiones para sostener e incrementar la producción del campo.
- Exhortar a la Corte Constitucional a que agilite el trámite de acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes, en el que se demanda el acuerdo ministerial 040.
- También exhortar a la Corte Constitucional a que agilite el trámite de la acción pública de inconstitucionalidad al reglamento a la Ley de Hidrocarburos.
Posteriormente intervino David Almeida, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador e integrante de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y Petróleo (Antep). Expresó que Sacha no solo es el campo más productivo del país, con alrededor de 77.000 barriles diarios, y también el de menor costo de producción, ya que producir un barril de petróleo cuesta en promedio $ 8.
Almeida rechazó la concesión de Sacha, la opacidad en las negociaciones, así como la poca información que el Gobierno ha hecho pública. Contó que en septiembre de 2024 alertó de la presencia de personal extranjero en las instalaciones del campo y que por dar ese aviso fue separado de Petroecuador.
Mencionó que hay dudas sobre la relación de las compañías Amodaimi Oil y Petrolia Ecuador como subsidiarias de las petroleras estatales de china, Sinopec, y de la canadiense New Stratus de Energy, respectivamente.
Almeida afirmó que, según cálculos realizados por las organizaciones, la propuesta del consorcio —que ofrece al Estado un pago anticipado de $ 1.500 millones e invertir $ 1.700 millones— en realidad causaría un perjuicio a las arcas públicas por más de $ 1.000 millones durante el tiempo de concesión.
A su criterio, la entrega de Sacha es “a dedo”, por lo que pidió a la Asamblea fiscalizar el proceso.
Por su parte, el asambleísta Roberto Cerda defendió que Petroecuador siga operando el campo, ya que, dijo, en los últimos años ha incrementado la producción, lo que demuestra que la empresa pública tiene la capacidad técnica de mantenerse a cargo del bloque. Agregó que las empresas del consorcio no cumplirían los requisitos para asumir la delegación.
Mocionó que se determine que el acuerdo ministerial 040 no se enmarca en los casos de excepcionalidad contemplados en la Constitución, porque no se ha justificado que garantice el interés nacional. Además, dijo, se debe rechazar la inclusión de cláusulas de arbitraje en contratos de concesión.
En la otra orilla se pronunció la legisladora del oficialismo Nataly Morillo, quien acusó al movimiento Revolución Ciudadana de querer obstaculizar la concesión de Sacha por fines electorales. Recordó que la intención de delegar Sacha se inició en el gobierno del expresidente Rafael Correa, pero no prosperó por problemas financieros de la empresa venezolana PDVSA.
Morillo apuntó que la Constitución y la Ley de Hidrocarburos facultan al Estado poder delegar la exploración y explotación de campos petroleros en producción a empresas estatales o sus subsidiarias de la comunidad internacional, proceso que ha sido seguido por el Ministerio de Energía y Minas con base en un pronunciamiento de la Procuraduría.
Luego que ocho asambleístas expusieron sus criterios, la presidenta de la Asamblea suspendió el debate y la jornada.
La sesión del pleno se desarrolló al día siguiente que la Comisión de Fiscalización también analizó la concesión de Sacha y recibió a los dirigentes de las organizaciones que piden detener la operación. (I)