La inversión que destina América Latina y el Caribe (ALC) para la reducción de riesgo de desastres (RRD) es marginal. Apenas el 0,92 % de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) se asigna a esa materia y solo el 4 % del financiamiento climático considera el riesgo de desastres.
Es uno de los principales hallazgos del más reciente Informe de evaluación sobre la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe (RAR24), que fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
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El reporte analiza el panorama de inversión y financiamiento, destacando montos y programas clave de cooperación internacional.
El RAR24 también halló que el 5,21 % de la AOD recibida entre los años 2005 y 2021 corresponde a inversión a la adaptación al cambio climático. La oficina de las Naciones Unidas observa aquí una ventana para el crecimiento de las asignaciones relacionadas con la reducción de riesgo de desastres a través de la adaptación al cambio climático.
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Para incrementar las inversiones, recoge el informe, es determinante considerar criterios de RRD en la toma de decisiones sobre el financiamiento para el desarrollo. Esto se puede lograr a través del uso de análisis y evaluaciones de riesgo, incluyendo mapas de riesgos o análisis de costo-beneficio, entre otras herramientas disponibles.
En el estudio se observa que “los desastres amenazan el desarrollo sostenible a nivel global”. En el caso de América Latina y el Caribe, este tipo de evento son más “frecuentes y devastadores”, lo que ha provocado un serio aumento de hasta el 38 % en el número de personas afectadas por tormentas y de 1,95 % de afectados por inundaciones entre los años 2019 y 2022.
“El 53 % de las pérdidas económicas mundiales por desastres ocurren en la región y 6 de los 10 países del mundo con mayores pérdidas económicas por desastres respecto al PIB están en América Latina y el Caribe”, advierte el informe.
En ese contexto, la baja inversión es un desafío para los países para atender necesidades de prevención y resiliencia.
Nahuel Arenas, jefe de la oficina de UNDRR, la oficina regional para las Américas, señaló que es relevante poner en discusión este tema e implementar soluciones, ya que el mundo se encuentra en un contexto donde la inversión y la cooperación al desarrollo están siendo revisadas, reestructuradas y, en algunos casos, “puestas en cuestión”.
Además, los países requieren de “más y no menos acción climática”, remarcó Arenas, dado que la coyuntura global merece “repensar la cooperación al desarrollo y la efectividad de las acciones de la cooperación”.
La discusión cala como una antesala pertinente, y favorable, para la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla (España) del 30 de junio al 3 de julio de este año.
El informe revela que las pérdidas económicas en la región, debido a desastres, se estiman en más de $ 58.000 millones anuales solo en infraestructura, sin considerar pérdidas directas o indirectas en áreas como trabajo, educación y salud. Los sectores de mayor riesgo son los de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones.
Ese dinero es de mucha relevancia porque son recursos que no se están destinando para construir nueva infraestructura para el desarrollo, para salud, educación, entre otros rubros, precisó Arenas.
Otros hallazgos dan cuenta de que el 97,28 % de instrumentos de financiamiento para la reducción de riesgos de desastres se dedica a otras categorías de la ayuda oficial al desarrollo, el 0,26 % para reconstrucción, alivio y rehabilitación, y el 1,54 % a emergencia y respuesta de las comunidades afectadas.
La gestión integral de la RRD demanda una estrecha articulación entre diferentes sectores y niveles gubernamentales, así como la participación activa de diversos sectores, observa el informe; sin embargo, es algo que no se ha podido lograr plenamente por la falta de coordinación entre organismos de RRD, ministerios competentes y políticas, lo que obstaculiza la eficacia de las inversiones en RRD.
El jefe de la oficina de UNDRR comentó que se estudiaron varios casos de países América Latina y el Caribe, encontrando que en los presupuestos fiscales los gastos asignados a RRD se ha detectado el problema que muchos países no etiquetan los rubros destinados a reducción de riesgos de desastres, lo que refleja una falta de transparencia y dificulta localizar los datos.
En el informe de la UNDRR se exponen datos y cifras relacionadas con Ecuador, como el acceso a financiamiento a través de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), entre otros, que han permitido contar con recursos para atender e implementar programas.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres plantea varias recomendaciones para los países de la región, como invertir en reducción del riesgo de desastres, fortalecer los mecanismos de gobernanza, fortalecer la conexión con los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), fomentar la resiliencia comunitaria en la asistencia humanitaria e introducir el enfoque de reconstruir mejor, estudiar el desarrollo de normativas e incentivos para las inversiones del sector privado, entre otras. (I)