Declarar ilegítimo acuerdo con FMI complicaría búsqueda de nuevas líneas de financiamiento para Ecuador, advierten expertos

Los argumentos con los que la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional recomendó al pleno del Parlamento declarar ilegítima la deuda contraída por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tendría un sustento válido, según analistas económicos.Esto, tomando en cuenta la conclusión de la comisión, que determinó que el préstamo concedido al Estado ecuatoriano no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino el pago de la deuda generada por préstamos anteriores del FMI o de acreedores externos que son tenedores de la deuda.En abril pasado, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, con un acceso equivalente a $ 4.000 millones. La decisión del directorio permitió a las autoridades un desembolso inmediato equivalente a $ 1.000 millones.El analista económico Héctor Delgado aseguró que si bien es cierto que la gran mayoría de la deuda contraída fue para pagar otra deuda, se pregunta ¿qué hubiese pasado si no lo hubiera hecho y simplemente no se pagaba? De acuerdo con Delgado, es importante mantener niveles de riesgo país no elevados, para así ser aceptados para nuevos financiamientos.“Los nuevos desembolsos sí deben ser destinados a inversión y temas sociales, puesto que es urgente la inyección de nuevos recursos a la economía”.Por otra parte, el economista Jorge Calderón recuerda que los préstamos concedidos a través de la figura SAF tienen el objetivo específico de solucionar aspectos estructurales, deficiencias institucionales y que generen o vayan de la mano con el establecimiento de políticas de carácter estructural. Explica que esto toma tiempo en aplicarse y justamente son parte de los soportes que presenta un gobierno para que el plazo a pagar ya no sean tres años, que es el tiempo máximo en este tipo de financiamientos, sino cuatro como una excepción.Bajo esa premisa, según Calderón, los argumentos presentados por la comisión no se alinean al propósito que tiene el acuerdo con el FMI. “Si bien el Gobierno utilizó parte de eso deberá soportar dichos argumentos, de que haber atendido los pagos de la deuda en una situación de baja de ingresos tributarios, por eso subió el IVA, unas situaciones de riesgo país que no le permiten emitir bonos y caer en un riesgo de default de no continuar con los pagos, entonces el propósito del préstamo sí está atendiendo esa situación bajo esos argumentos que tienen una secuencia”, explica.El experto cree que la recomendación pasa más por un ‘pedido político’, pues asegura que en esa comisión hay una clara mayoría para generar otro frente de atención al Gobierno.Según Delgado, el Gobierno tendría que defender su decisión y sustentar el porqué suscribió el acuerdo con el FMI, “y si el tema sigue y va a mayores, el mensaje hacia los organismos internacionales no sería positivo y podría traer complicaciones en la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento”.Calderón coincide con esta posibilidad al señalar que si los argumentos del Gobierno no logran evitar que el tratado con el Fondo sea declarado ilegítimo, tendrán un impacto en los siguientes créditos que estaban previstos después de la autorización del primer desembolso de $ 1.000 millones que se hizo meses atrás. “Se suspenden las revisiones técnicas que están previstas para que se activen los otros tramos del crédito”.Agrega que esto generaría más incertidumbre al país, el aumento del riesgo país y “haría pensar dos o tres veces a otros organismos multilaterales que están ligados a lo que el FMI decida o establezca”. (I)

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