Cuarenta y ocho horas después de que un juez de Puebloviejo, provincia de Los Ríos, dispusiera la destitución de Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de Manabí, por un supuesto incumplimiento de una sentencia constitucional presentada por un contratista, un juez de Portoviejo dio paso a una medida cautelar presentada por la autoridad manabita y dispuso la suspensión provisional de lo actuado por el juez fluminense.
La disposición a favor de Orlando la dio, la tarde del domingo, Santiago Salazar Moreno, juez de la Unidad Judicial Tercera contra la Violencia a la Mujer o Miembros del núcleo Familiar, de Portoviejo.
Este litigio surgió el año pasado cuando Tito Álvarez, representante legal de la empresa Ranicor S. A., solicitó una medida de acción de protección luego de que la Prefectura de Manabí dispusiera la terminación unilateral del proyecto del Sistema de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín-Los Caras-Km 20.
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El costo era de unos $ 14 millones. Ante ello, el juez de Puebloviejo concedió la medida judicial que generó, a su vez, la solicitud de destitución del prefecto Orlando por presunto desacato a esta normativa.
“Es que este contrato, original de $ 13,8 millones, tuvo planillas aprobadas por la administración y por la fiscalización de $ 10,4 millones. Pero cuando nosotros vamos a ver lo realmente ejecutado encontramos 7,4 millones que equivalen al 53,64 % de lo efectivamente ejecutado”, dijo Orlando en una rueda de prensa que dio en octubre del año pasado.
En esa ocasión él explicó que se exige jurídicamente la devolución de $ 6’547.877,55, porque estos valores habrían sido cancelados en la anterior administración (del exprefecto Mariano Zambrano), sin haber sido justificados.
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En una entrevista concedida la noche del domingo a un portal web, Orlando sostuvo que tras esta destitución judicial hay intereses políticos en su contra que afectan a la provincia y al progresismo.
“Se arroga funciones el juez de Puebloviejo y genera una decisión de destitución lo cual ha sido suspendida por un fallo judicial de Portoviejo, y también el día de ayer me he reintegrado a mis funciones por una decisión unánime del Consejo (Provincial), en sesión extraordinaria”, manifestó el prefecto manabita.
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Álvarez, representante de la empresa Ranicor S. A., señaló que lo dispuesto por el juez de Portoviejo sería ilegal considerando el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que ahora el pleno del Consejo Provincial de Manabí debe dar paso a esa acción.
“Es de acatar la disposición del juez, y la que es que en cinco días que empiezan a correr a partir de hoy (ayer lunes 25) debe sesionar la Corporación y posesionar a la viceprefecta como prefecta de Manabí”, expuso Álvarez.
El artículo 27 señala: “Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación”. (I)
