María Paula Romo con 104 votos fue censurada y destituida como ministra de Gobierno por uso de bombas lacrimógenas caducadas en octubre 2019

La Asamblea Nacional censuró y destituyó este 24 de noviembre, con 104 votos, a María Paula Romo como ministra de Gobierno, tras un proceso de juicio político cuya acusación principal fue el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019.La moción de censura fue planteada por el asambleísta interpelante, Roberto Gómez (ex CREO), y recibió el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC); Partido Social Cristiano (PSC); del movimiento Creando Oportunidades (CREO); se registró una votación dividida en Alianza PAIS (AP), en la Bancada de Integración Nacional (BIN); y, en el grupo de independientes. En contra se pronunciaron 18 legisladores de AP, BADI e Independientes; por la abstención votaron 12 legisladores de AP, ex AP, CREO, SUMA e Independientes. Hubo tres asambleístas ausentes: Liuba Cuesta y Brenda Flor (AP), y Johanna Cedeño (ex AP).Con 125 legisladores presentes, el pleno se instaló a las 10:45. Luego de la lectura del informe presentada por la Comisión de Fiscalización se dio paso a la intervención de la ministra que enfrentó dos causales relacionadas con el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes de octubre y el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de acogida humanitaria, donde los interpelantes sostuvieron que la Ministra de Gobierno reconoció haber transgredido normas humanitarias al disculparse por atacar lugares de acogida y refugio, responsabilizándose del hecho.Romo inició su comparecencia a las 12:30 y concluyó 15:30. Estuvo acompañada por el Presidente y la Vicepresidenta de la República, parte del gabinete y la cúpula de la Policía Nacional, lo cual fue cuestionado por el interpelante Roberto Gómez, quien dijo que la acusada se siente insegura y que se hace acompañar el ministros y de la institucional policial, mientras que él viene con “la virgencita y la verdad”.La funcionaria comenzó su defensa mostrando las atribuciones contempladas en la Constitución y en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público respecto a los planes, programas y proyectos en materia de seguridad interna, por lo tanto, las instrucciones operativas están a cargo de la Policía y la responsabilidad política por la Ministra; sin embargo, dijo que respalda y defiende todas las acciones tomadas en octubre de 2019.En su exposición, la ministra alertó de las consecuencias de los hechos de octubre de 2019, y afirmó que con ello se estableció el secuestro como deformación de la protesta en el país, y reveló que en el 2020 se registró 100 secuestros de los cuales 81 son civiles, 15 policías y 4 militares.Los asambleístas interpelantes Amapola Naranjo (RC) y Roberto Gómez (ex CREO), fundamentaron sus acusaciones contra la funcionaria en varios testimonios de víctimas de las manifestaciones de octubre quienes perdieron un ojo, así como los familiares de los fallecidos. En sus exposiciones también se refirieron a un supuesto reparto de hospitales durante su administración como ministra. Defensa de Romo Al término de su exposición, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio por hecho su censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional en el juicio político seguido en su contra. Y manifestó que los votos por la censura de algunos legisladores se constituye una condecoración.Afirmó que será censurada por evitar un golpe de Estado en octubre de 2019; por una Asamblea Nacional donde dijo aún hay muchos promotores y mentalizadores, y que si ese el precio a pagar, que lo hace con gusto y que será una condecoración.Advirtió al pleno de la Asamblea Nacional que es grave que se haya escogido como pretexto para el juicio político el cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la Ley.En la última parte de su presentación afirmó que hay muchos intereses en juego detrás del juicio político y que uno de los más sensibles es la gigantesca estafa ocurrida en Seguro Social de la Policía Nacional, que es una operación de permuta fraudulenta más grande realizada en diciembre 2015 y a inicios de 2016; donde se transfirió $327 millones donde ni siquiera constan los nombres de quienes lo firmaron a favor de una empresa del señor Jorge Chérrez, sobre lo cual la Policía no recibió nada, y que cuando la bolsa de valores de Guayaquil hizo la transacción, al Banco Central del Ecuador se le cayó el sistema por tres horas.La ministra Romo, al finalizar su exposición dijo que está lista para ser censurada y que se equivocan los legisladores si esperaban ser convencidos.A manera de despedida, indicó que hay personas en el pleno de la Asamblea con las cuales ha sido un privilegio trabajar, que han puesto al país por encima de las diferencias legítimas y de la cuyuntura; pero también en “la Asamblea hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí, los de coopera, los de Caminosca, samanes, los de la venta del hotel Quito, los de acuerdos entre privados, los de Odebrechet, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes, y los que creen que hacer política es subirse en un escándalo o bailar en tiktok”.Se refirió a los múltiples alusiones que hicieron los asambleístas interpelantes Amapola Naranjo (RC); Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (ex CREO), sobre un supuesto reparto de hospitales que la involucrarían; “hay que ser “caraduras”, replicó.“Si quisieran saber quién designó a los directores de los hospitales aquí estarían las ministras de Salud y no la ministra de Gobierno”, apuntó, quien aclaró que se equivocan l sostener que el ex asambleísta Daniel Mendoza, la haya salvado de un juicio político.Insistió que está en el juicio porque destapar la estafa del Isspol pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos, que prefieren que salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron.Si quieren averiguar si los Bucaram tienen un acuerdo político deberían preguntárselo a quien presidió la Asamblea, en referencia a José Serrano, quien aceptó en televisión de una reunión en Panamá para proteger al entonces vicepresidente Jorge Glas. Debate de los asambleístas Los únicos asambleístas que emitieron un discurso de defensa de la Ministra de Gobierno fueron los legisladores Noralma Zambrano, Rosa Orellana (AP) y Franco Romero (BADI). Aunque aclaró que la funcionaria debería ser sancionada por otras causas como el supuesto reparto de hospitales, el legislador, Héctor Muñoz (IND), dijo que por las dos acusaciones por los hechos de octubre no amerita su censura. En esa misma línea se pronunció Sebastián Palacios (SUMA).Orellana comentó que no existe causal para un juicio, el mensaje que daría la Asamblea es alentar que sigan los saqueos; que el supuesto reparto de hospitales no va con Alianza PAIS, que esos repartos deberían remontarse a anterior gobiernos. Hizo un llamado a la unidad, basta de odios, añadió.Palacios, lamentó que en las causales del juicio contra Romo, no se haya incluido el tema del reparto de hospitales; y lamentó que la definición de una censura de la funcionaria se realice por cálculos electorales. No pueden apoyar un juicio por dos causales débiles relacionadas con el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre en Quito.Franco Romero (BADI), invitó a la sala a observar sin apasionamientos políticos y con objetividad, y señaló que el juzgamiento no se puede decidir por los sondeos de opinión, tendencias en redes sociales, titulares de la prensa o intereses electorales. Ratificó su reconocimiento a la Ministra de Gobierno por la protección de la institucionalidad democrática en octubre.Desde el lado del PSC los legisladores César Rohón, Denis Marín, Henry Cucalón, Vicente Almeida mantuvieron el mismo discurso frente a la funcionaria. Almeida aseguró que se ha demostrado en forma inobjetable en el juicio, la responsabilidad política en la que ha incurrido la Ministra de Gobierno, por el incumplimiento de sus funciones detalladas en la Constitución; y por el incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, al no garantizar la seguridad ciudadana y las libertades individuales durante las protestas de octubre de 2019, que desataron una guerra entre ecuatorianos. Es deber de este Parlamento, el actuar conforme establece la ley, y resolver la censura y destitución de la Ministra, anotó.Ronny Aleaga (RC), cuestionó la ministra que haya justificado el uso de bombas lacrimógenas en las manifestaciones de octubre. Que la Asamblea debe demostrar que nadie está por encima de la Ley y proceder a la destitución de la acusa, que no hay que olvidar la conducta abusiva del uso bienes públicos para asuntos personales, así como la ola de inseguridad en el país y el reparto de hospitales, apuntó.Rodrigo Collaguazo (ex AP), aclaró que no se está juzgando a Romo por el reparto de los hospitales, por la entrega de la Agencia Nacional de Tránsito y de las aduanas; y que tampoco el juicio es en contra de la Policía Nacional, pues es una institución obediente y no deliberante, por lo tanto, en octubre obedecían en sus operaciones a la ministra de Gobierno, la única responsable de la violación de derechos humanos.Homero Castanier (CREO), manifestó que el gobierno permitió actos de corrupción a igual o peor que el anterior de Rafael Correa, y consideró que el pueblo perdió la confianza en el régimen. Cuestionó que asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), se haya olvidado rápidamente que en el anterior gobierno hubo 286 violaciones de derechos humanos y hubo abusos, y que ahora se rasgan las vestiduras al señalar que en octubre de 2019, se violaron derechos. Señaló a RC de cómplices de lo que el país está viviendo con los hechos de corrupción.El bloque de CREO en sintonía con los ecuatorianos al haber perdido la ministra credibilidad y confianza, respalda la censura y destitución de la funcionaria. (I)

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