El plan de gobierno de Andrés Arauz reedita programas emblemáticos del 'correato'

Son once “justicias” que plantea el candidato presidencial Andrés Arauz, de la plataforma correísta Unidos por la Esperanza (UNES), Listas 1-5, como ejes de su plan de gobierno, las cuales se desarrollan con 381 puntos (aunque algunos se repiten en varios apartados).A lo largo del documento -de 53 páginas- se plantea recuperar programas o proyectos que fueron emblemáticos en el gobierno de Rafael Correa, como las Escuelas del Milenio, el cambio de la “matriz energética” o el plan de becas Prometeo. Aquí un resumen: Realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa. Crear el trabajo digno universal para garantizar derechos humanos que permitan una vida digna, y que también contribuya a reactivar la economía. Establecer políticas de becas para jóvenes y créditos para emprendimientos que generen empleo. Reformar a profundidad el IESS en favor de los afiliados; cumplir con el aporte estatal, transparentar los cálculos actuariales y tomar correctivos, principalmente en la estructura y proceso de designación del Consejo Directivo del IESS. Recuperar las universidades públicas y las universidades emblemáticas del país, el programa de becas en el exterior y el proyecto Prometeo. Fortalecer las Unidades Educativas del Milenio. Consolidar el sistema nacional de salud, teniendo como base la Atención Primaria en Salud. Incluir a las unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del Estado y bajo un sistema único de salud. Convocar a una Asamblea Constituyente. Formar una Comisión de la Verdad para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos, con especial atención a las arbitrariedades de lo que llama “trujillato”. Impulsar la reforma a la Ley Electoral para evitar la dispersión electoral y la erosión de la legitimidad del gobierno, aumentando la proporcionalidad del sistema; así como la democratización de las campañas electorales y de los partidos. Disminuir las tasas de interés , en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas. Auditar y, en los casos necesarios, detener y revertir los procesos de concesión, privatización y venta de activos públicos en los sectores caracterizados por monopolios naturales (por ejemplo, telecomunicaciones, transporte aéreo, sector postal y otros). Establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas durante un prolongado periodo de tiempo. Crear una institucionalidad de Sostenibilidad y Justicia Intergeneracional, que elabore legislación y políticas públicas. Aplicar políticas para transformar patrones de consumo y producción ecológicamente responsables, económicamente viables y socialmente justos, promoviendo conocimientos y saberes e innovaciones que promuevan nuevas prácticas. Retomar la integración regional, particularmente la Unasur y Celac. Luchar contra los paraísos fiscales. Rechazar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión convencionales, y revisar los firmados, de comprobarse que afectan el interés nacional. Efectuar procesos de regularización para todas las personas inmigrantes (Plan: “Nadie sin papeles”). Establecer mecanismos para que todos los inmigrantes en edad escolar menores de 16 años, asistan a la escuela. (Plan: “Escuela para todos”). Fortalecer el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Crear la institucionalidad apropiada para la justicia indígena , y formar y capacitar al personal de justicia, particularmente a los jueces que están involucrados en conocer los casos en segunda y tercera instancia. Establecer el Estatuto de Artistas y un Sistema de Seguridad Social para Artistas. Establecer un sistema de impuestos ecológicos. Avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva enfatizando en la demanda de energías alternativas para incentivar el cambio de patrones de consumo. Establecer líneas de inversión público-privadas para desarrollar nuevas tecnologías que apoyarán la implantación de autos eléctricos o que funcionen con energías alternativas. Construir infraestructura pública de movilidad para energías alternativas, como un tren eléctrico para el transporte de carga y de pasajeros que conecte a todas las capitales provinciales. Crear observatorios contra las violencias de todo tipo, así como refugios, redes de prevención, capacitaciones, entre otras. Impulsar programas de formación y trabajo para víctimas de todo tipo de violencia, mediante convenios con universidades y organizaciones de la economía popular. Establecer un ingreso económico básico y alternativas habitacionales para las mujeres que padecen violencia. Elaborar una Estrategia hacia la Ciencia Abierta para permitir que los resultados de las investigaciones, tanto financiadas con fondos públicos como privados, sean de libre acceso. Elaborar legislación sobre derechos digitales que reivindiquen la conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito, la soberanía tecnológica, la privacidad y el control de datos en la red. Coordinar la creación de instrumentos financieros , públicos y privados, para fomentar la innovación. Recuperar, revalorizar y proteger los conocimientos tradicionales y ancestrales en el marco del respeto a la diversidad, la equidad epistémica y el diálogo de saberes. Recuperar la ciudad del conocimiento Yachay. Impulsar programas de maestrías de investigación, doctorados y posdoctorados; y la formación de técnicos y tecnólogos en el sistema de educación superior. Recuperar la independencia de la Función Judicial y la Fiscalía para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas; condenar la utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política, así como la aplicación del derecho penal del enemigo y el populismo legal. Garantizar el principio de independencia de las Funciones del Estado y generar las condiciones desde la ciudadanía para un Pacto por la Justicia Independiente, que involucre a la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, la Función Judicial y sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y efectiva. (I)

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