El entusiasmo con que las autoridades gubernamentales, judiciales y de control anuncian la lucha contra la corrupción no tiene correspondencia con los montos recuperados -dinero concreto- a favor de las arcas fiscales. Las estadísticas oficiales sobre lo recaudado revelan que lo obtenido por el Estado ecuatoriano en materia económica tras las sentencias por el manejo fraudulento de fondos públicos es mínimo.