Tres mecanismos se activan para controlar el gasto electoral de los candidatos, aunque se 'escapa' la campaña digital

La campaña electoral para las elecciones generales del 2021 será atípica por la presencia del COVID-19 , pero no estaría exenta de los controles del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la misma Contraloría General del Estado .Las reformas al Código de la Democracia y el Caso Sobornos 2012-2016 promovieron regulaciones al gasto electoral de las organizaciones políticas, que son los fondos privados provenientes de aportes económicos lícitos, que para este proceso ascienden a $5 millones en el caso de los binomios presidenciales.El 18 de septiembre se inicia la inscripción de candidaturas para los presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos. A la par, las organizaciones políticas deberán abrir una cuenta bancaria que no gozará del sigilo. Esto será parte de un Sistema Contable del Financiamiento a la Política que pondrá en funcionamiento el CNE, para que los políticos registren su plan de cuentas.Ahí se "ejecutará y reportará en lapsos continuos de máximo quince días" sus ingresos y egresos, según el artículo 90 de la ley.De su lado, la Contraloría tendrá una tarea específica desde estos comicios. La disposición transitoria octava dispuso que en el plazo de 120 días, a partir de publicadas las reformas, creará una 'Unidad Especializada en el Control de Financiamiento y Gasto Electoral'.Esta ya está activa y se conoció que es la Dirección de Auditoría 1 a la que se asignó esta función.También, el Consejo instituyó el 1 de agosto, la Unidad Antilavado, cuyo trabajo es "prevenir, detener y erradicar el delito de lavado de activos"; y, reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) posibles movimientos inusuales o injustificados de los grupos políticos.Su creación se dio con el voto en contra de los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto , quienes critican que esté "adscrita" a la Dirección de Fiscalización del Consejo, pues debía "ser independiente".Pese a su vigencia, no está funcionando por la falta de recursos económicos.El consejero José Cabrera explicó que están a la espera de que el Ministerio de Trabajo autorice la creación de los puestos y que el Ministerio de Finanzas disponga las partidas presupuestarias.Por su parte, Verdesoto resaltó los controles legales, pero cree que estos deberán ampliarse a la campaña digital que se vivirá en las redes sociales y portales de internet, debido a la pandemia.Expresó que el tope del gasto electoral se amplió para que los sujetos políticos "no engañen" a la autoridad y puedan "gastar más", pero a la vez, los reporten.Sin embargo, en los "36 días" de la campaña electoral el "gasto debe bajar, no tienen en qué gastar porque no habrá campaña presencial. No habrá caravanas, conciertos de cierre... No podrán comprar camisetas porque no hay a quién darle y no se pueden dar regalos".Es así que existen referencias de "gastos históricos" de las propagandas que utilizan los candidatos, pero en lo digital "el CNE deberá aprender a hacerlos", dijo."Hay una nueva estructura de gastos que debe regularse. Se puede gastar en redes, pero se requiere un reglamento de publicidad digital. La cadena debe estar clara. Si la donación es de $ 3000s y la empresa existe, tiene ingresos, tiene un RUC y pagó impuestos, se reporta lo que ingresó. El dueño de la empresa debe monetizar. Tenemos un caso Sobornos que no podemos dejar que vuelva a pasar, y el reglamento que apruebe el Consejo debe integrar todos estos controles", apuntó.Advirtió que los políticos no deben "sobrevalorar el gasto", y al contrario, se debe regular esta nueva forma de propaganda, "porque sino los ecuatorianos van a estar ahogados por las redes sociales. Es decir, si la campaña va a ser en WhatsApp van a volver locos a los ecuatorianos", insistió.El analista y docente universitario Esteban Ron recordó que los controles son necesarios para garantizar la igualdad de condiciones y evitar una "política elitista".Pero, los partidos y movimientos tienen "maniobras" para no reportar sus egresos, y más aún los de la propaganda digital que no están regulados."Los políticos pautan en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. El precandidato Guillermo Lasso, de CREO, ya está pautando, pero como es un espacio no regulado, nunca se va a tener un precio referencial para reportarlo", indicó.La vigilancia se complica por el alto número de candidatos y agrupaciones, y más aún frente a "una digitalización de la propaganda política"."Se contrata el mail boxing, que se da a través de empresas que poseen bases de datos y envían mensajes, pero las plataformas son gratuitas, entonces ¿cómo se controla?".A esto se suman las deficiencias estructurales del Consejo, como la falta de personal especializado que haga monitoreos, o que haya fiscalizadores electorales que puedan estar in situ durante un acto proselitista. Una alternativa es el "control cruzado" entre organismos del Estado y el CNE, añadió Ron.Finalmente, otra regulación que contempla el Código es la del Sistema de Interconexión de Datos con las superintendencias de Bancos, Compañías y otros entes de control del Gobierno nacional, que debía hacerse 120 días después de aprobadas las reformas, es decir, hasta junio pasado. Se desconoce cuáles son los avances en su implementación.No obstante, empezará a operar en su totalidad para las elecciones seccionales del 2023. (I)

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