En medio de la pandemia, piden controles para evitar el ‘clientelismo’ durante la campaña electoral

Los candidatos al binomio presidencial que participen en las elecciones generales del 2021 podrán gastar de sus fondos privados $5 239 660 en la campaña electoral, en medio de una crisis económica desbordada por la pandemia del COVID-19 .Ese rubro, que aún no es aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) , es el más alto de los reportados para las tres campañas similares desarrolladas en los últimos once años. En el 2009 el valor era de $1 555 427; en el 2013, $1 749 971 y en el 2017 fue de $1 922 504.El último incremento se debió a las reformas al Código de la Democracia de febrero del 2020, con las que se aumentó de $0,15 a $0,40 el valor del gasto. Para obtenerlo, se multiplica los $0,40 por el número total de electores habilitados en el Registro Electoral para votar, que son 13 099 150.Ese rubro podrá invertirse en actividades tendientes a “difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo”. No obstante, el artículo 204 de la norma manda que los sujetos políticos no podrán “entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, a excepción de los artículos promocionales reglamentados”.Asimismo, no podrán contratar propaganda en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias, pues para ello el Estado, a través del CNE, asignará el Fondo de Promoción Electoral (FPE) para el que se estiman $42,8 millones para todas las candidaturas en las diferentes dignidades.Hasta el momento, el CNE no aprueba el reglamento de promoción electoral, pero el que rigió en el 2017 establecía que de evidenciarse artículos que promocionen una candidatura, se imputarán los costos realizados antes y durante la campaña, con base en precios de mercado.Wilson Merino, activista social y directivo de la iniciativa ciudadana Ideas por Ecuador, dijo que harán veeduría ciudadana y control social para estos comicios, y así evitar que los políticos “entreguen dádivas aprovechándose de la situación económica”.“Esto no es de ahora, es de siempre. Pero el contexto de la pandemia va a limitar a los políticos a hacer concentraciones o mítines, y finalmente la campaña será la de puerta a puerta; y frente al hambre, la necesidad que tiene la gente, van a estar agradecidos, sobre todo si reciben alimentos, mascarillas, cosas que se necesitan para paliar la crisis”.En esta pandemia, Merino hizo recorridos por el país para entregar 100 toneladas de ayuda humanitaria y 45 000 kits de alimentos, de donaciones provenientes de familias y de cadenas de supermercados.Estima que una canasta sencilla de alimentos puede costar entre $20 y $30, por lo que a un político con $5 millones podría representarle unos 250 000 kits.“Pero la campaña debe girar alrededor de las ideas, propuestas, no del clientelismo, pero me temo que veremos esto. Y será difícil controlar porque la gente está ávida de ayuda, tiene miedo, dolor, y siempre que llegamos a un barrio termina siendo insuficiente”, narró.Es así que Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, cree que los candidatos no gastarán ese capital en este tipo de insumos porque no les alcanzará el dinero, y ejemplifica que solo en una campaña para la alcaldía de Quito se requiere de una inversión de $5 millones.Por ello, pronosticó que la campaña migrará a las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, en donde el CNE no puede establecer controles.Los políticos necesitarán contratar a gente que cumpla las funciones de los denominados trolls , que además de elaborar spots propagandísticos, respondan los mensajes de los seguidores en las plataformas tecnológicas.“Lo que buscarán los candidatos es impactar con mensajes que les permitan posicionarse. Por ejemplo, en un solo día se dio a conocer a Andrés Arauz (candidato de UNES), a quien nadie lo conocía, pero con un mensaje se lo posicionó a través de las redes sociales. Es esa forma de inversiones que están diseñadas por los expertos en marketing lo que debe controlarse, porque esa será la nueva tónica de la campaña”, subrayó.Es imperativo que el CNE habilite mecanismos de control, porque “hay una serie de nuevas formas de manipular el electorado, que en las redes sociales ¿quién controla?”.Además, debe observarse que “no se entregue dinero del narcotráfico o dinero ilegal; hay que verificar quién gasta más, y con las nuevas formas de campaña esta será una inversión cara”.El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, no desestimó que en los 45 días de proselitismo, la entrega de dádivas o regalos sucederá, y se cobijarán en que las “organizaciones sociales, por supuestas ayudas, repartan alimentos, mascarillas, alcohol...”.Reconoce que el Consejo tendrá limitaciones para ejercer control porque incluso ahora enfrenta problemas presupuestarios que han obligado a la entidad a prescindir de personal, por ejemplo.“El CNE tiene limitaciones operativas significativas como para llevar un seguimiento. Sin embargo, esto va de la mano con la honorabilidad, la decencia con la que los políticos deberían de trabajar; aunque al final del día, su meta es ganar”, lamentó.Una alternativa, indicó, es que el Sistema de Rentas Internas (SRI) abra un registro de origen de la impresión de los artículos de promoción que reparten los candidatos para ver “quién pagó”.“En época electoral, de alguna manera, la ciudadanía está con la expectativa de qué recibe. Y se convierte en una competencia, no de venta de ideas, de posturas, sino de comprar la voluntad popular, lo que no debería darse”, agregó la autoridad.Durante el tercer consejo consultivo que realizó el CNE días atrás, hubo un pedido de varios sujetos políticos de regular este gasto.Geovanni Atarihuana, director nacional del partido Unidad Popular (UP) , pidió que se controle la entrega de “dádivas” para evitar el “clientelismo político”.“Las fuerzas políticas que ahora son muy generosas en decir que no necesitan el fondo de promoción es porque van a tener facilito $5 millones, ¿y la promoción para las organizaciones populares? Va a ser una injusticia”, cuestionó Atarihuana.Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK), coincidió en exhortar a que se hagan “controles y veeduría ciudadanas”.“El gasto privado resulta imposible de controlar y tenemos estos líos de las chequeras de dudosa procedencia, y terminan ganando las dudosas procedencias y no las propuestas. Quisiera confiar en el CNE para que la gestión financiera sea equitativa para que no se perjudique a las organizaciones políticas pequeñas. Hay que hacer un control efectivo y que todos cumplamos la ley, y eso dependerá de cómo el CNE pueda hacer el seguimiento y parar el abuso del gasto electoral”, afirmó.El Código de la Democracia da la potestad al Consejo de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas respecto del origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.Como parte de los controles que establece la ley, se permite al SRI determinar obligaciones tributarias, a la Contraloría del Estado observar un posible uso de recursos y bienes públicos, y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revisar las decisiones del CNE y determinar responsabilidades.El Consejo Electoral deberá publicar durante y después del proceso “toda” la información relativa al financiamiento y gasto de los políticos de manera pública. Y se lo reportará en lapsos continuos de máximo quince días hasta que concluya el proceso. (I )

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