Uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, anticipó su visión respecto a las decisiones jurídicas que adoptó la Contraloría General del Estado, como parte de una denuncia planteada por el movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), a la que está adherido el exmandatario Rafael Correa.
"No puede la Contraloría a base de su competencia de hacer el control de los actos administrativos, involucrarse en una resolución electoral. Una autoridad tiene sus competencias, y el contralor tiene definidas sus competencias, pero no puede en ningún momento involucrarse en el ámbito electoral", sentenció ayer Viteri, durante una entrevista en radio Pichincha Universal.
Sus declaraciones se dieron a propósito de una acción de dirimencia de competencias que planteó el contralor Pablo Celi en la Corte Constitucional (CC), luego de que el juez electoral Fernando Muñoz empezó el trámite de una denuncia por infracción electoral que hizo Vanessa Freire, presidenta del movimiento político Fuerza Compromiso Social.
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Ella busca que el Tribunal destituya a Celi alegando 'intromisión de funciones', por suscribir una auditoría al sistema de verificación de firmas que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), del que se desprendió que cuatro organizaciones políticas: Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Justicia Social y FCS incumplieron con el número de firmas para su inscripción y por tanto deben extinguirse.
La causa de Freire podría ser conocida por el pleno del TCE, pero Viteri adelantó ayer que "el contralor no puede en ningún momento involucrarse en el ámbito electoral, porque la Constitución determina que el ámbito electoral corresponde al TCE y al CNE".
Añadió que "solamente al contralor se le ocurre acudir de forma infundada, me da pena decirlo porque es una autoridad, pero tiene que fundamentar, motivar una denuncia. Asume de forma inconstitucional e ilegal de pedirle a la Corte que dirima", señaló el juez.
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Mientras la Corte Constitucional resuelve la acción de dirimencia planteada por Celi, el juez electoral Muñoz suspendió el trámite de la causa de FCS.
Por su parte, Juntos Podemos, encabezado por el exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco, prevé ser recibido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la plenaria de hoy.
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Aspiran a que el CPCCS interponga los "recursos necesarios para evitar la violación a los derechos de participación".
Esto porque hoy vencería el plazo de diez días que dio el Consejo Electoral a las cuatro organizaciones para que presenten sus pruebas de descargo, como parte del inicio de un proceso de revisión de sus inscripciones, al acoger la recomendación de la Contraloría de que sean extinguidas.
Las cuatro agrupaciones están suspendidas en sus actividades políticas. (I)
