El nuevo esquema de precios de los combustibles, bajo un sistema de bandas, que empezará a regir en un mes (el 1 de julio), para gasolina extra, ecopaís y diésel, es apenas un primer paso para intentar liberalizar estos combustibles, luego de al menos cuatro intentos previos que se iniciaron en agosto de 2018.

Para Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, el foco de la reforma actual está en que la fórmula que se aplica tiene un piso, pero no un techo. Así, si bien el aumento puede ser de máximo de 5 % mensuales, no hay un límite al número de meses en el que pueda subir.

Explica que cuando el precio del crudo suba, los combustibles lo harán en el mismo porcentaje del alza del crudo o en 5 %, el que fuera menor. Si el crudo subiera en 1 %, los combustibles también lo harían en ese porcentaje, pero si llegara a subir en 20 %, el incremento solo sería de 5 %. El mismo comportamiento se dará si el precio baja. El precio de combustibles puede ir incrementándose por centavos cada mes, lo cual no generaría mayor malestar en la población.

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“Es un mejor sistema que el que teníamos porque permite la flotación de precios, pero no se liberan en realidad, pues siguen siendo controlados por el Gobierno”, comenta Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Pese a ser un paso positivo, dice que el decreto 1054 tiene al menos dos grandes errores, que espera sean corregidos en el tiempo.

En primer lugar, el precio se estima con base en los costos de producción, lo cual no ocurre a nivel internacional. Esto significa que el consumidor paga un precio en el que constan los costos de Petroecuador, que es transferir las ineficiencias de la estatal a ese precio. El segundo error es fijar el precio con base en el del crudo, en vez de relacionarlo con el precio de combustibles. Lo que ocurrirá es que los precios fijados por bandas no estarán muy apegados a los internacionales.

Considera que se optó por esta medida tras la experiencia de octubre, cuando sí se liberalizaron los precios.

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Es que el Gobierno ha emitido al menos cinco decretos sobre el precio de combustibles desde agosto de 2018. El primero fue el 490, en el cual se incrementaba el precio de la gasolina súper a $2,98. Pero en diciembre de ese año, con el decreto 619 hubo un aumento de la súper y una fijación al alza de la gasolina extra y ecopaís. Así ese mes se vendían a $3,10 y $1,85, respectivamente. Desde entonces, la súper fue ajustando su precio mensualmente, con base en el precio de terminal. La consecuencia fue una migración de consumidores de súper a la extra.

En octubre de 2019, el decreto 883 buscó la liberalización de los precios de la extra, ecopaís y diésel. Eso generó una explosión social, por lo que a través del decreto 884 se lo derogó, con el compromiso de revisar el sistema de subsidios. Y este 19 de mayo se emitió el 1054 que estableció una baja para la extra y ecopaís ($1,75) y del diésel ($1). Sin embargo, habrá fluctuación desde el 1 de julio próximo.

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El decreto 1054, según ha dicho el Gobierno, abre la puerta para una importación privada de combustibles. Sin embargo, para Acosta Burneo en las condiciones actuales de control de precios difícilmente habrá actores que se animen a realizar la importación.

Miguel Robalino, analista petrolero, considera que el régimen debe explicar lo que sucederá con los subsidios en el caso de que llegara a subir el precio, plantearse al menos dos escenarios: uno con un crudo de $37 y otro de $50 y proyectarlo a 15 años, para poder tener una claridad en cómo funcionaría una posible liberalización de los precios, el sistema de bandas que ahora se ha propuesto y las compensaciones. Y destaca que el tema de los subsidios quedaría para el próximo Gobierno, por lo que deberá ser abordado con frontalidad por los candidatos en la campaña electoral.