Ejecutivo todavía pule su proyecto de Ley Emergente Humanitaria

El proyecto de Ley Emergente Humanitaria se sometía hasta la mañana de ayer a una “revisión jurídica” en el Gobierno para enviarlo a la Asamblea Nacional para su debate.El ministro de Finanzas, Richard Martínez , aspiraba a que el texto estuviera listo ayer, confirmó en una entrevista radial, al asegurar que el objetivo es enfrentar la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus (COVID-19).El 10 de abril, el presidente Lenín Moreno anunció el envío de esta propuesta que el fin de semana se afinó.Se establece la creación de una Cuenta de Asistencia Humanitaria, que se alimentará con recursos de las empresas a las que se cobrará el 5 % de la utilidad a las que ganaron más de $1 millón, en tres pagos mensuales. Los trabajadores con relación de dependencia se acogerán a una tabla de contribución humanitaria en la que, por ejemplo, a los que perciban $500 se les restarán $2, y quienes ganen $50 000 pagarán $4400 por nueve meses.El domingo se anunciaron algunos cambios: los servidores públicos que ganen menos de $1000 se “acogerán a la tabla de contribución humanitaria”, y los que ganan más de ese monto aportarán con el 10 % de su remuneración por 9 meses.Los trabajadores de Salud, Educación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas no harán ninguna contribución.El presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, Miguel García, espera conocer el proyecto oficial para plantear una posición, pero opinó que descontar el 10 % del salario de un servidor sería equivalente a “no pagar el décimo tercer sueldo y eso es oneroso”.A este escenario se suma que entre la Asamblea y el Legislativo parece no haber coordinación. Ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió en que ya se habían iniciado los acercamientos con las bancadas políticas.Pero el presidente de la Asamblea, César Litardo, reveló que aún no hay un documento oficial de la propuesta y que siguen esperándolo desde hace tres semanas cuando empezó la crisis.Afirmó que esta Función se sumará al planteamiento de reducción de sueldos planteado por el jefe de Estado, pero cuestionó que es una “medida populista frente a acciones de fondo que se deben tomar”. Vicente Taiano, coordinador del PSC, increpó que no han mantenido reuniones con autoridades del régimen, y que lo lógico es que el texto que será tratado en la Asamblea sea previamente discutido por los bloques legislativos. En todo caso, la posición de la bancada es “no apoyar impuestos disfrazados de solidaridad”.El coordinador del bloque RC, Pabel Muñoz, anticipó que no apoyarán una propuesta “que implique meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos que menos tienen”.Luis Pachala, vocero de CREO, señaló que aún no hay reuniones formales sobre el contenido del proyecto; y consideró que el Gobierno está “ensayando propuestas”.Para él, la reducción de sueldos en un 50 % de altas autoridades es para “recuperar popularidad”. Y anticipó que no apoyará propuestas que impliquen impuestos.El legislador de SUMA Héctor Muñoz confirmó que tampoco han tenido acercamientos con el frente económico del Gobierno, pero cuando llegue el texto espera “corregir temas que quedaron en el aire” como la creación de un fideicomiso con dineros públicos. Opiniones ‘Priorizar los gastos’ A Alberto Acosta, editor de Análisis Semanal, le preocupa la estrategia del Gobierno de obtener más ingresos por contribuciones de ciudadanos y empresas. “El sector productivo lleva cuatro semanas de paralización... lo que se refleja en una crisis de iliquidez por lo que no tendrían capacidad para afrontar nuevas cargas”, explica Acosta. Sin embargo, considera positiva la propuesta de un régimen especial para evitar la quiebra y destrucción de empleos acordando nuevos salarios, horarios y más. Ve como una iniciativa simbólica necesaria el recorte de sueldos de funcionarios de Gobierno, aunque asegura que “el ahorro no viene por ahí, sino de priorizar y eliminar los gastos innecesarios del sector público”. ‘Se necesita oxígeno’ Las medidas son desconectadas de la realidad, asegura Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Calcula que la contribución de las empresas representará $516 millones menos para el sector productivo e impediría que las que más empleos adecuados generan puedan recuperarse en el mediano plazo. “Quitarle liquidez al sector productivo agrava la situación y golpea la solidaridad. Son $695 millones que el Gobierno espera extraer del bolsillo de los ciudadanos”, critica. Asegura que hay otras opciones como incluir a las grandes empresas, que generan el 39 % de empleos adecuados, en la pausa de impuestos que el Gobierno acogió parcialmente para mipymes y otros sectores. ‘Medidas reactivas’ Francisco García, presidente del Directorio de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, considera que todas las medidas anunciadas son reactivas, ninguna proactiva. Lamenta que ante la situación el Gobierno aplique la misma receta de siempre. “Le mete la mano al único bolsillo que tiene al alcance que es el mismo país a través de las empresas que están pasando por difíciles situaciones y que asumen un riesgo enorme en su carga laboral y fiscal que tienen que pagar”. Califica como importante rebajar el salario a las dignidades de Estado al 50 %, pero subraya que aun así el gasto público tiene muchas llaves abiertas. “Ojalá ese recorte no nos pase luego la factura cobrándola por la vía de la corrupción”, expresó. (I)

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