Como ‘intromisión’ y ‘abuso del poder estatal’ calificó Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el oficio que el gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, remitió el 7 de enero pasado a la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado.
Gómez utilizó esos calificativos en una carta remitida el lunes también a Maldonado.
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En el oficio citado por el presidente de la CUT, Flores solicitó a Maldonado que se supervisen las actuaciones de jueces de Esmeraldas, en varios temas, incluido uno en el que el juez Carlos Mena otorgó medidas cautelares a favor de trabajadores de la estatal, representados por el Comité de Empresa, cuyo presidente es Jorge Cevallos Palacio, quien además firma junto a Gómez la carta enviada a la titular del CJ.
Las medidas cautelares corresponden al pago de la remuneración variable del 2017 y 2018, aunque el reclamo también incluyó el 2019 por entre $ 24 a $ 36 millones en total.
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Flores aseguró que la remuneración no es un derecho adquirido, y que depende del cumplimiento de metas y objetivos; y que fue suspendida como resultado de la medida de austeridad en 2017. Mientras, Gómez y Cevallos insisten en el pago del beneficio. (I)