Las 10 403 empresas que facturan más de un millón de dólares al año serían las que durante tres deban entregar una contribución ‘especial’ al fisco con base en esos ingresos.
Esto según el proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, conocida como Ley de Crecimiento Económico.
Este cuerpo legal de 190 páginas fue presentado en la Asamblea el viernes pasado hacia las 23:00 por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y representantes del Servicio de Rentas Internas y del Banco Central del Ecuador.
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Según Martínez, la ley podría generar unos $700 millones netos para el fisco. Aunque aún no se conoce bien cómo llegarían esos fondos, sí se sabe que estas 10 403 empresas generarían $177 millones solo en un año ($532 millones en tres).
La contribución la tendrán que hacer con base en una tabla proporcional en la cual el porcentaje irá de 0,1 % a 0,2 %, dependiendo del monto de facturación del 2018. Así las que más aportarían son 1614 empresas que facturan más de $10 millones al año y por un monto de $151 millones.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), consideró que en el proyecto existen puntos positivos como la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, pero que hay otros que les preocupan y que ya están siendo estudiados por sus equipos técnicos.
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Indicó que desde mañana el sector empresarial tendrá reuniones para realizar una revisión exhaustiva y comprender el alcance e impacto económico de las medidas.
Para Aspiazu, un factor clave para el Gobierno en este momento es saber si tendrá o no los votos suficientes para la aprobación de más impuestos.
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Opinó que tras los problemas políticos generados por las protestas de la semana pasada, el bloque gobiernista se ha visto resquebrajado.
Y que el sector de los socialcristianos difícilmente apoyará este tipo de medidas que incrementan impuestos, por lo que se avizora un “panorama complejo” para la aprobación de la propuesta.
Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal (OPF), indicó que presentar esta propuesta es lo que puede hacer en este momento el régimen dentro de los límites políticos y de gobernabilidad. No está claro cuánto le rendirá, pero será poco relevante en comparación con los ingresos que requiere para reducir el gasto.
En este sentido, consideró que el Gobierno insistirá en la focalización de subsidios, pero también deberá echar mano de otro tipo de ingresos como la deuda con China, emisión de bonos con altos costos o incluso retrasos en pagos para sobrevivir lo que resta del año.
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Entre tanto, Patricio Donoso (CREO), vicepresidente de la Asamblea, explicó que el Consejo de Administración Legislativa conocerá entre mañana y el martes el proyecto de ley y lo direccionará a la Comisión de Régimen Económico, que preside Daniel Mendoza (AP).
También señaló que este cuerpo legal deberá ser tratado en 30 días ya que se trata de una iniciativa del Ejecutivo entregada con el carácter de económico urgente.
Otros aspectos:
Presupuesto
En las reformas al Código de Finanzas se establece que el Ministerio de Economía liderará la construcción del presupuesto. Habrá un techo para cada institución. El incremento máximo al presupuesto será de 5 %.
Banco Central del Ecuador
Se fortalece la prohibición para que el Banco Central preste recursos al Ministerio de Economía. Se implementarán mejores prácticas internacionales para fortalecer el control del sistema financiero del país.
Tres medidas para ciudadanía se proponen en el proyecto
El Gobierno ha previsto al menos tres medidas en favor de la ciudadanía, según los documentos oficiales del Ministerio de Finanzas.
En primer lugar, se mantiene el anuncio de que se eliminarán los aranceles para teléfonos inteligentes y computadoras. Antes, el ciudadano ecuatoriano debía pagar aranceles del 15 % para teléfonos y del 10 % para ordenadores, lo cual quedará insubsistente de llegarse a aprobar la propuesta legal.
El ministro de Producción, Iván Ontaneda, había adelantado hace dos semanas que la idea es que este tipo de herramientas tecnológicas se puedan adquirir en el país a los mismos precios que en las perchas de Estados Unidos.
En segundo lugar, se anunció que se condonarán los intereses de créditos educativos y gastos judiciales a los jóvenes que no pudieron honrar sus obligaciones en préstamos anteriores. La tasa actual de intereses es del 7,50 % a 20 años plazo.
Se mantiene la idea de realizar entrega de créditos hipotecarios a mejores tasas y mayores plazos. El proyecto indica que sería a 25 años plazo y al 4,99 %. Esto se podrá realizar gracias a un bono social o aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá tener unos $1000 millones para este fin, y que serían manejados tanto en banca pública como privada. (I)
