La indemnización por jubilación, que en estos días enfrenta al Gobierno y jubilados del sector público, y que incluso se ha convertido en una causal para impulsar un juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pasó de tener un peso de $ 30 millones en 2008 a $ 500 millones en 2013 y luego a generar una deuda de unos $ 1.200 millones.