Los dos exámenes de Contraloría sobre el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización y los costos incurridos para el mantenimiento y permanencia de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres confirman las irregularidades que mencionaron funcionarios públicos meses atrás, durante los procesos judiciales que surgieron a raíz de la aprobación del Protocolo de Convivencia de la Cancillería.