La actuación de fundadores no afecta a las organizaciones políticas

Las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo estuvieron marcadas por la participación de organizaciones políticas cuyos fundadores o líderes estarían implicados en presuntos actos de corrupción o fueron llamados para que rindan versiones en procesos penales. Fuerza Compromiso Social (FCS), fundado por el exministro Iván Espinel , quien está sentenciado por lavado de activos; Avanza , creado por el exministro Ramiro González , quien está prófugo de la justicia; y Justicia Socia l, impulsado por Jimmy Salaza r, esposo de la exjueza constitucional Pamela Martínez, detenida por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, son grupos políticas que estuvieron en la pasada contienda electoral con el estigma de ser ‘patrocinadas’ por personas reñidas con la ley.Sin embargo, analistas electorales coinciden en que las actuaciones de sus fundadores no pueden afectar ni la estructura ni la vigencia de los grupos políticos; tampoco pueden ser sometidos a una investigación para determinar la forma en que fueron constituidos o si para ello se usaron dineros de procedencia ilegítima.“En el Código de la Democracia no existe esa figura de hacer una revisión de un proceso de inscripción de una organización política, y en derecho público no puede hacerse sino lo que dice de manera explícita la ley...”, sostiene Fausto Camacho , coordinador del Observatorio Electoral .Con él coincide el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral , Jorge Acosta , quien asegura que el cometimiento de infracciones penales de los fundadores de las organizaciones se escapa del tema electoral. “Sino más bien son delitos puntuales que están previstos por la ley, el cohecho, concusión, peculado, que son propios de la administración pública”, afirma el analista.Acosta dice que la única afectación que pudieran sufrir los partidos sería desde el punto de vista moral. “La gente puede considerar esas organizaciones no éticas, pero eso ya depende de la voluntad popular; usted ha visto que en este partido de la lista 5 (FCS) fue a la cárcel el fundador, tienen problemas quienes fueron patrocinados, sin embargo, ha sacado una votación nada despreciable...”. Enrique Pita , vicepresidente del Consejo Nacional Electoral , dice que las organizaciones políticas adquieren derechos que no pueden ser coartados “porque tal persona que fundó pueda inmiscuirse en estos temas (corrupción), la organización política no es de la persona que impulsó su creación...”.Pero Pita dice que el tema puede ser materia de debate y de revisión en una reforma al Código de la Democracia.Con él coinciden los analistas electorales, Acosta y Camacho, quienes agregan que la prioridad del cambio está en la financiación de las campañas. Ramiro González, exministro de Industrias y presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el gobierno de Rafael Correa, se encuentra en Lima, Perú.Allí fue detenido por la Policía el pasado 9 de abril en atención a una difusión roja de Interpol solicitada por la Corte Nacional de Justicia (CNE) de Ecuador.Una vez conocida la captura de González, quien es procesado por defraudación tributaria y tráfico de influencias, la CNJ formalizó el pedido de extradición.Según informes del Servicio de Rentas Internas, entre el 2012 y el 2016 González recibió acreditaciones por$ 2’217.399, mientras que sus declaraciones presentadas son por $ 391.168, cuya diferencia de $ 1’826.230 originó sospecha de las autoridades.Recientemente, el pasado 31 de mayo, el juzgado 46 de lo Penal de Lima notificó al que ha admitido la demanda de extradición contra Ramiro González y dispuso que este permanezca detenido preventivamente hasta que termine el proceso judicial.González, quien presidía el partido Avanza, fue expulsado de la organización; actualmente Álvaro Castillo es el presidente. Iván Espinel fue funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el gobierno del expresidente Rafael Correa y exministro del actual régimen, y sobre él ya pesa una sentencia de diez años de reclusión por el delito de lavado de activos.Según el Tribunal de Garantías Penales de Durán, que condenó a Espinel, este habría lavado $ 267.000, por lo que, además, le ordenó pagar una multa de $ 505.000.No es la única causa en su contra. En febrero pasado, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas ratificó la inocencia de Espinel por un delito de peculado, relacionado con un presunto perjuicio de $123.000 al IESS.En tanto que el otro expediente contra Espinel es por enriquecimiento ilícito, que nace de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Allí se establece un incremento patrimonial de $ 480.000 cuando era parte del IESS.Tras ser detenido, Espinel renunció a la presidencia del movimiento Fuerza Compromiso Social. Actualmente lo preside Vanessa Freire. Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas y líder del movimiento Justicia Social, es el esposo de Pamela Martínez, exsecretaria particular del expresidente Rafael Correa, quien está procesada por los supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial del actual mandatario Lenín Moreno, dentro del denominado caso Arroz Verde.Salazar, quien fue a rendir una versión libre y voluntaria al segundo llamado, se desmarcó de los presuntos actos ilícitos de su conviviente.Al ser consultado sobre los cargos que pesan sobre ella, Salazar dijo que esos son asuntos que debe explicar la “doctora Martínez”, que él respondía por sus actos.El Frente Amplio de Abogados del Guayas pidió a Salazar la renuncia al gremio que preside por supuestas irregularidades en su gestión. (I)

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