Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), sostiene que el sistema cooperativo del país es saludable y que los cierres y fusiones que se han dado son normales debido a las regulaciones. Defienden la segmentación de las cooperativas.
Con la creación de la SEPS se buscaba regular a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿se lo logró?
Hay cifras que son interesantes, desde el 2012, año de creación de la Superintendencia, ya no hay organizaciones nuevas porque ya no se pueden crear, lo que hay ahora son fusiones, es decir, no nuevas sino la unión de otras.
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Aunque hemos cambiado de 1.010 organizaciones en 2012 a 598, con corte a febrero del 2019, en el mismo periodo los activos han crecido en un 132% de seis mil a catorce mil millones. El sector se ha fortalecido producto de los controles y regulaciones.
¿Qué controles implementan?
Tenemos dos metodologías, porque así lo manda la ley, insitu y extrasitu. El extrasitu desde la organización, recibiendo y procesando la información que nos mandan las controladas, el insitu visitando las organizaciones. Es una estrategia que combina adecuar la normativa a la lógica de las organizaciones con el control y la supervisión desde un trabajo técnico.
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Obviamente siempre llama la atención el número de liquidaciones, pero si es que uno piensa en que estas organizaciones vinieron en su mayoría del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), que no era una instancia de control, y luego somete a todo ese universo a regulaciones rígidas que tienen que ver con temas de solvencia y prudencia financiera y de cumplimiento normativo, el resultado no puede ser otro.
Pero, pese a los controles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido incrementar las regulaciones a las cooperativas...
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(En la carta de intención con el FMI) se habla de temas en los que hay que gestionar ciertos parámetros que en estos momentos, efectivamente, no funcionan en paralelo entre el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario.
Las resoluciones que emite la Junta de Política Monetaria y Financiera tienen requerimientos que se aplican de manera diferenciada según el segmento. Por ejemplo, la norma de provisiones requeridas de activos de riesgos y contingentes se activa siempre para el segmento uno, va a estar vigente para el segmento dos en este 2019, para el tres desde el 2020, en el cuatro en 2021, y luego el cinco. Pero existe normativa como el fondo irrepartible de reserva legal que se cumple en todos los segmentos, el coeficiente de activos fijos sobre patrimonio técnico que se cumplen en todos los segmentos...
Las 598 entidades que conforman el sector superan en activos, depósitos y cartera a 18 bancos privados pequeños y medianos. Los actores que controlamos no son ni secundarios ni marginales, por eso es que uno entiende el por qué de la preocupación del Fondo respecto a la normativa diferenciada, es lógico y estamos de acuerdo. Pero, (...) debemos respetar y entender la lógica de las organizaciones pequeñas.
¿Cree que la segmentación de las categorías se debe eliminar debido a la disparidad de controles?
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La disparidad no es en los controles, sino en la naturaleza de las organizaciones e insisto si le exigimos lo mismo a una cooperativa pequeña rural de lo que se le exige a una grande no estaríamos entendiendo su naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma de seguridades que dice que las cooperativas deben tener servicio de guardianía, cámaras de seguridad, bóveda y que el servicio de valores se debe hacer con una empresa.
Por otro lado tenemos cooperativas de maestros que para operar reciben como apoyo de alguna entidad educativa un espacio en un colegio. Si el colegio no tiene servicio de guardianía, ¿cómo le exijo a la cooperativa que ponga un guardia o que construya una bóveda dentro del colegio o cámaras. Tenemos cooperativas que tienen oficinas en los cantones con mayor ruralidad y pobreza de este país en donde no hay servicio de transporte de valores, por qué le tengo que exigir eso. (I)
Los socios de las cooperativas, para saber la situación de su organización, deben acudir a las asambleas donde presentan informes financieros”. Margarita Hernández, de SEPS