El Gobierno ha tenido al menos cuatro retrocesos en la aplicación de políticas económicas en ocho meses. El último tema fue la derogatoria de un tarifario para el cobro del alumbrado público, que había sido aprobado en diciembre pasado, pero que tras protestas de usuarios en redes sociales quedó derogado la noche del lunes.
Anteriormente, se han visto “marchas y contramarchas”, dice Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, en una serie de medidas económicas. Una de ellas, en agosto, fue el tema de los combustibles. En primera instancia, el Gobierno había mencionado que no se tocaría el diésel, pero luego en un decreto se aplicaba una serie de medidas al diésel, que pocos días después, frente a la posición de los transportistas, debió ser retirada. Hubo un comportamiento similar en el tema del cobro de intereses en las tarjetas de crédito. Pese a que la Junta Monetaria consideró que el cambio era técnico, ante la protesta ciudadana se optó por derogar dicha medida.
El lunes, el Gobierno tuvo dos rectificaciones. En primera instancia hubo una serie de reclamos por el incremento en las planillas de luz por un nuevo tarifario en el alumbrado público, pero en la noche dijo que quedaría derogado. El martes, el ministro de Energía, Carlos Pérez, aseguró que lo cobrado en demasía será devuelto en notas de crédito. También el presidente Moreno aseguró que no se darán uniformes a todos los alumnos de planteles públicos, pero a las pocas horas más bien garantizó esa entrega.
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Anoche tuvimos que tomar una decisión de corregir ciertas cosas que a criterio del presidente de la República y el mío propio no estaban bien... Había un grupo de consumidores que iban a ser afectados en montos importantes”, Carlos Pérez,ministro de Energía.
Para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, el retroceso en el alumbrado público se debe al temor de un bloqueo en las calles: “Desconozco si fue bien o mal hecho (la medida), pero el hecho es que el Gobierno dio marcha atrás a la primera protesta, eso es preocupante”.
Con esto concuerda Alberto Acosta, quien señala: “Esto da un mensaje negativo porque le dice a la población usted reclame, ni siquiera en las calles, (sino) en Twitter y el Twitter va a lograr que el Gobierno dé marcha atrás”.
Veo con preocupación este tipo de reacciones porque si es que esas medidas tenían justificación técnica, el Gobierno debió analizarlas antes de proponerlas y defendido cuando las propone. (Tampoco) Botar la piedra y esconder la mano”, Alberto Acosta Burneo,analista económico.
Acosta, además, dice que este tipo de medidas son parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de actualizar las tarifas de servicios a los ciudadanos.
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“Esta medida es de las más fáciles frente a las que tiene que adoptar”, manifiesta, y agrega que esa actualización de precios la coloca el Gobierno.
De acuerdo con José Hidalgo, director de Cordes, este tipo de rectificaciones son muestra de que el Gobierno ante una decisión que pueda ocasionar costos políticos, no está del todo convencido de seguir adelante. Recordó que ha habido antecedentes como el tema del diésel. Sin embargo, comenta que en su opinión el Gobierno sí ha buscado maneras de ajustar el déficit, con decisiones complicadas como la desvinculación de unos 12.000 servidores públicos. Para Hidalgo eso es parte de los temas que se debían hacer, con o sin FMI, para poder estabilizar la economía.
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Para Jaime Carrera, el Gobierno muestra debilidad y falta de convicción, lo cual no es bueno para la conducción del Estado ni de la economía. Este tipo de actitudes siembra dudas sobre el posible cumplimiento de metas macroeconómicas y de la carta de intención, explica. (I)