Los rostros del nuevo Consejo de la Judicatura

Cuatro son los ejes de trabajo que tiene el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) , explicó su presidenta, María del Carmen Maldonado , en su posesión ante la Asamblea , el pasado 29 de enero.Estos son: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, independencia judicial y reforzar la justicia especializada para atender la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.Tras 26 días en funciones, el organismo ya tomó sus primeras decisiones.Así, realizará una evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia , facultad que le corresponde según la Constitución y el Código de la Función Judicial.Pero “los parámetros de esta evaluación hasta el momento se desconocen, lo cual genera dudas sobre su finalidad”, advierte en un comunicado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que realizó una veeduría al proceso de designación del organismo por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio .Además, la Judicatura devolvió a la Fiscalía, mediante delegación, la facultad de emitir nombramientos provisionales de la carrera fiscal; competencia que fue suspendida por el CJ transitorio en enero de 2019.Uno de los objetivos de esa decisión es incrementar los niveles de gobernabilidad en la Fiscalía, así como la eficacia y eficiencia administrativa.Maldonado anunció, además, que pedirá a la Contraloría que audite algunas de las obras de infraestructura impulsadas por la Judicatura anterior.El nuevo CJ está integrado por María del Carmen Maldonado, por la CNJ; Patricia Esquetini , por el Ejecutivo; Fausto Murillo , por la Asamblea; Ruth Barreno ; por la Fiscalía; y Juan José Morillo , por la Defensoría Pública. Los suplentes son: Álvaro Román , Jorge Moreno , Elcy Celi , Yolanda Yupangui y Jaime de Veintemilla .La Constitución señala que el representante de la Corte Nacional de Justicia presidirá la Judicatura. MARÍA DEL CARMEN MALDONADO De diputada a liderar JudicaturaLa Contraloría da cuenta de que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez, declaró $ 2’203.882,53 de patrimonio, y el Servicio de Rentas Internas revela que no presentó la declaración del impuesto a la renta de 2018.Doctora en Jurisprudencia, Ph.D. en Derecho, magíster en Cooperación Internacional y en Derecho Constitucional, está vinculada al servicio público desde 2006, cuando fue diputada por la Izquierda Democrática.Luego fue procuradora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; dos años fue asesora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, trabajó de cerca con el expresidente de ese organismo, Fernando Cedeño.Fue designada jueza de la Corte Constitucional el 2012, su candidatura provino de la Función de Transparencia, donde actuó Cedeño. Ese proceso estuvo a cargo de una comisión con afines al correato y presidida por Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa. Tuvo la calificación perfecta sobre 30 puntos en su hoja de vida. Como jueza de la Corte, procesó tres demandas a la Ley de Comunicación, elaboró un escrito de 280 hojas donde desechó gran parte de ellas y se dictaminó la constitucionalidad de la comunicación como servicio público.Está casada con Diego Molina Restrepo, quien durante el correato ocupó cargos en la Dirección de Registros de Datos Públicos, Ministerio de Agricultura, Consejo de Participación y fue asesor de Asamblea como cuota de Silvia Salgado. Declaró impuestos en el 2018 y patrimonio de $ 190.033. PATRICIA ESQUETINI CÁCERES Vinculada a Usaid y reforma judicialPatricia Esquetini llega por primera vez a la función pública con la vocalía en la Judicatura, lo hace desde la terna propuesta por el Ejecutivo.La mayor parte de su experiencia es en vinculación a programas de fortalecimiento de la justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para países de Centroamérica y Sudamérica.En Ecuador, entre 1990 y 1991, fue directora de un programa de atención a víctimas de abuso sexual de menores. Entre 1998 y 1999 fue coordinadora del componente Derecho y Justicia en un convenio de préstamo con el Banco Mundial y a través del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia (Projusticia), adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Del 2004 al 2014, de forma intermitente, fue coordinadora, directora y consultora en programas con la Usaid a través del Fondo de Justicia y Sociedad y del Programa de Fortalecimiento de la Justicia y con fundaciones como Esquel. Además, trabajó con Open Society y el Centro de Justicia de las Américas.Fue docente de la Pontificia Universidad Católica y de la San Francisco de Quito. Es licenciada en Criminología por la Universidad de Lovaina La Nueva en Bélgica y doctora y abogada en Derecho.En la Superintendencia de Compañías consta que fue accionista de Innovación Tecnológica Equinoccial Innovateq Cía. Ltda., constituida en el 2006 y disuelta en el 2014.Según la declaración juramentada, tiene $ 237.372,72 de patrimonio. FAUSTO ROBERTO MURILLO FIERRO Se inició en Corte Suprema de los 80Su experiencia en la Función Judicial se inició en la extinta Corte Suprema de Justicia en 1987, como ayudante y luego secretario.Diecisiete años después ascendió a ministro juez de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, e incluso fue presidente de esa instancia. En 2009 volvió a ser ministro juez de la Primera Sala hasta 2012, cuando se acogió a un plan de desenrolamiento, por renuncias que había impulsado el Consejo de la Judicatura anterior.Con esa salida recibió una compensación que bordeó los $ 30.000, por sus 25 años de labor en la Función Judicial, narra Murillo.Por ese suceso, el Ministerio del Trabajo le reporta un “impedimento para la modalidad laboral a ocupar”, y su reingreso al sector público debe darse “si devolviere el valor de la indemnización percibida”.Ello fue observado como una inhabilidad por la Comisión Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición, que organizó el proceso de selección.Pero Murillo asegura que fue designado porque el artículo 179 de la Constitución establece que estarán seis años en el cargo, y serán sujetos de juicio político, por lo que considera que no está asumiendo un cargo “permanente”.El consejero fue propuesto por la Asamblea Nacional, y no fue impugnado durante la selección. Es experto en Tributación, en Derecho Procesal y magíster en Derecho Tributario.Su patrimonio total asciende a los $ 329.180,14 a enero del 2019. RUTH MARIBEL BARRENO VELIN Su formación fue el sistema fiscalDieciocho años de su carrera pública han estado vinculados al sistema fiscal. En el 2001 su primer cargo fue como secretaria de fiscales. Desde el 2006, y por los siguientes diez años se desempeñó como agente fiscal, hasta ser nombrada fiscal provincial de Pastaza en mayo del 2016.En esa provincia había recibido una condecoración de la Asociación de Mujeres Sinchi Warmi, por ser la primera mujer en desempeñar el cargo de fiscal provincial.Dos años después, en agosto del 2018, asumió por encargo la Fiscalía de Pichincha.En octubre de ese mismo año ascendió a fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Internacional (Unidot), en donde permaneció hasta ser designada como vocal principal del actual Consejo de la Judicatura (CJ).Ella fue postulada a ocupar el cargo como parte de la terna de la Fiscalía General, y fue electa por unanimidad de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición. Fue la única de esa terna en no ser impugnada.Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Cuenca, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Perú; también en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Autónoma de los Andes.Es abogada de los Tribunales y se ha especializado en derecho penal y justicia indígena, criminología.Su patrimonio, según la Contraloría, es de $ 577.861,49. JUAN JOSÉ MORILLO VELASCO Casi veinte años en sector públicoJuan José Morillo Velasco llegó al Consejo de la Judicatura con la postulación de la Defensoría del Pueblo. Su carrera la ha hecho, en su mayoría, en el sector público: desde 1998 hasta el 2018, pero con un receso de unos años cuando se dedicó al libre ejercicio profesional.Al inicio de su carrera en el sector público estuvo en el Ministerio de Salud entre 1998 y 1999; luego, en la Superintendencia de Telecomunicaciones, desde 1999 hasta el 2015.Antes de ser elegido como vocal del Consejo de la Judicatura se desempeñó como coordinador general de Relaciones Internacionales, entre abril y octubre del año pasado, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.Pero su primera experiencia relacionada con el Consejo de Participación fue en el 2011, Morillo fue parte de la Comisión Ciudadana que designó a Galo Chiriboga como fiscal general de la Nación.Morillo es doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República, especialista en Derecho Administrativo y es experto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos (OEA).Está casado y no registra procesos penales en el portal web de la Función Judicial, tampoco la constitución de empresa alguna y tiene un patrimonio por $ 86.286,93, según su declaración juramentada, presentada ante la Contraloría General del Estado. (I)

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