Dos días después de que un venezolano tomara como rehén a su expareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, la apuñalara delante de policías y ciudadanos en una calle de Ibarra, el Gobierno empezó a implementar controles y poner restricciones al ingreso de los migrantes de ese país, medidas que de inmediato fueron criticadas por entes internacionales de derechos humanos.